Puerto Ordaz. La persecución postelectoral llevó a que dirigentes políticos y sindicales en Bolívar no solo eviten hacer denuncias públicas. Muchos de ellos llevan casi dos meses bajo resguardo.
En Guayana hay casos de trabajadores de CVG Bauxilum, por ejemplo, a los que funcionarios del Sebin fueron a la empresa a buscarlos.
“Cuando me avisaron que preguntaron por mí, me fui de mi casa. El carro lo dejé allí mismo para que no me puedan ubicar. Un amigo es el que me ayuda llevándome la comida. Es rudo porque dependes de las ayudas de otros. No manejo mis cuentas, no puedo hacer mis ventas de productos con que resolvía económicamente porque no puedo salir a la calle libremente”, dijo uno de los trabajadores de Bauxilum perseguidos.
Aunque no tiene un cargo sindical o político, participó activamente durante la campaña de la dirigente María Corina Machado y Edmundo Gonzalez de cara al 28J.
Escalada de persecución
Las patrullas del Sebin también se usaron como forma de amedrentamiento. Sucedió con el dirigente de Ferrominera, Rubén González.
Por varios días hubo vehículos de este organismo a las afueras de su casa. Lo mismo sucedió con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Uneg, Raúl Brito.
«Yo me puse a resguardo porque me fueron a buscar a mi casa, pero yo estaba donde una vecina y no salí. Los policías estuvieron rato esperando hasta que se fueron. Recogí mis cosas y me fui. Mi único delito fue ser testigo electoral y mostrar las actas por redes, y para ellos eso es terrorismo”, denunció otra de las víctimas de persecución.
Autocensura
Aún sin estar bajo resguardo, trabajadores y dirigentes sindicales, y hasta políticos, omiten sus nombres en cualquier información a la prensa por temor a ser detenidos, independientemente de la denuncia y el tono que utilicen.
Familiares de detenidos también guardan silencio, a pesar de desconocer su paradero porque temen una mayor represalia. El caso más reciente es el de al menos 10 trabajadores de Corpoelec, en Guri.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, los detuvo el pasado 2 de septiembre. A la fecha no se sabe dónde los tienen recluidos. Allegados presumen que el motivo de la detención sea la “Operación Tun Tun”, otros apuntan a que los quieren usar para responsabilizarlos por el apagón nacional del 29 de agosto.
Las familias no quieren que salgan ni los nombres de los detenidos. Pero te puedo decir que son gente proba, de muchísimos años trabajando para la empresa. Son técnicos y profesionales muy preparados”, expuso *Rosalba, quien decidió salir del país.
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