Cuatro meses después de las elecciones presidenciales del 28 de julio que dieron como vencedor a Edmundo González Urrutia, según las actas emitidas por las máquinas electorales dispuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y recolectadas por testigos y voluntarios, siguen surgiendo narrativas en contra del presidente electo por parte de funcionarios del gobierno venezolano.
Son acusaciones que carecen de pruebas, según han verificado en diferentes ocasiones medios de Venezuela, El Salvador, España y Colombia. Sin embargo, a pesar de ello, algunos voceros del oficialismo siguen repitiéndola sin fundamentos.
Uno de esos casos ocurrió el pasado 20 de noviembre, durante la instalación del denominado “Comité por la Justicia de las Víctimas del Fascismo de julio de 2024”, cuando Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, culpó al presidente electo y al periodista Leopoldo Castillo de ser responsables de la “muerte de esos siete jesuitas”.
Los asesinatos del grupo de jesuitas se remontan al 16 de noviembre de 1989, en medio de la Guerra Civil de El Salvador (1979-1992), en un episodio recordado como “Mártires de la UCA”. Ese día, un pelotón del batallón Atlácatl de la Fuerza Armada salvadoreña irrumpió en la sede de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ubicada en San Salvador, bajo las órdenes del coronel Guillermo Benavides y la administración del presidente Alfredo Félix Cristiani, y dispararon contra un grupo de jesuitas reconocidos por apoyar un acuerdo negociado entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que pusiera fin a la guerra. Entre ellos, murieron cinco sacerdotes españoles.
No obstante, las acusaciones contra Castillo y González Urrutia sobre su presunta responsabilidad en los hechos de los “Mártires de la UCA” tampoco coinciden con las fechas en las que ambos se desempeñaron como personal diplomático de Venezuela en El Salvador. Castillo, que para entonces era embajador, estuvo en el cargo desde el 12 de noviembre de 1981 hasta el 26 de enero de 1983. González Urrutia, en ese momento como asistente del embajador, cumplió el mismo período.
Edmundo González Urrutia. Foto: AFP
No existe evidencia que vincule a Edmundo González con el asesinato de los jesuitas
El proceso de reinstitucionalización y pacificación de El Salvador luego de terminada la guerra civil en el año 1992 fue extenso. Involucró la intermediación de organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la creación de una Comisión de la Verdad, para determinar a los responsables de los asesinatos y establecer justicia.
Enrique Ter Horst fue uno de los representantes de la ONU para ese entonces. Se desempeñó como tercer representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en El Salvador, una función que conllevaba la dirección de la Misión de Paz del organismo multilateral. Entre sus responsabilidades principales se encontraba garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (16 de enero de 1992), pactados por el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se centraron en los siguientes ejes: una operación de desarme, la reinserción social de los exguerrilleros y funcionarios militares, la reorganización de la sociedad civil y reformas sobre el Estado.
En medio de esas tareas y con conocimiento directo como testigo presencial de la pacificación, Ter Horst sostiene que se determinaron los responsables de las matanzas y que, en el caso particular del asesinato de los sacerdotes jesuitas, resultaron juzgados nueve militares salvadoreños (los coroneles Guillermo Benavides y el teniente Yusshy René Mendoza) de los cuales dos fueron condenados.
Uno de ellos, Inocente Orlando Montano Morales, para entonces coronel del ejército salvadoreño y viceministro de Seguridad Pública, fue condenado en el año 2020 a 133 años y 4 meses de prisión por la Audiencia Nacional de España por el asesinato de cinco de los jesuitas, quienes tenían nacionalidad española.
“Ni la Comisión de la Verdad, que es un documento fundamental en todo el proceso de paz, ni en ninguno de los textos analíticos, legales, y criminales que trataron el asunto (el asesinato de los jesuitas) se menciona a un solo ciudadano venezolano”, explicó Ter Horst en conversación telefónica con El Nacional.
Foto: Con el mazo dando (@mazo4f)
¿Cuál es el origen de la narrativa que impulsan voceros oficialistas?
Las acusaciones contra Edmundo González y Leopoldo Castillo no son nuevas, pero han sido repetidas en numerosas ocasiones por distintos voceros del oficialismo.
El portal especializado en verificación, Cazadores de Fake News, lo expone de la siguiente manera:
“El origen de esta narrativa tiene varias décadas y comenzó como parte de una campaña de estigmatización en contra de Leopoldo Castillo (embajador de Venezuela en El Salvador entre 1981 y 1983). Proviene de medios de propaganda cubanos. Las primeras versiones del bulo citaron falsamente un supuesto artículo del periodista Dan William de Reuters, inexistente según los registros. Además, Castillo ni siquiera estaba en funciones en el cargo de embajador durante la masacre de 1989, desmontando cualquier conexión temporal con los hechos”.
Sin embargo, la primera vez que se vinculó a González Urrutia con el asesinato de los jesuitas fue el 15 de mayo de 2024, durante la emisión del programa “Con El Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello. Allí, el ahora ministro de Interior y Justicia aseguró haber recibido una carta de una presunta embajadora colombiana, María Catalina Restrepo Pinzón de Londoño, que vinculaba el hecho con González Urrutia. Pero una revisión realizada por el equipo de chequeo del medio Efecto Cocuyo determinó que Pinzón de Londoño “no es ni fue embajadora”.
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