En Venezuela, la enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública creciente que actualmente afecta a 10% de la población.
El doctor José Andrés Escalona, presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología, advirtió en una entrevista con el medio digital El Impulso sobre la magnitud de este problema. Señaló que, si bien el dato se refiere solo a la población adulta que está en terapia de sustitución renal, la cifra total podría ser aún mayor si se incluyen a los niños.
En la actualidad, más de 5.300 personas dependen de la diálisis o el trasplante para sobrevivir, y se espera que esta cifra aumente debido a la falta de acceso a tratamientos preventivos y la creciente escasez de infraestructura sanitaria adecuada.
Se estima que para el próximo año, más de 6.000 personas requerirán tratamiento de reemplazo renal debido al deterioro progresivo de esta función en la población venezolana.
El reportaje de El Impulso señala que, aunque el Estado asegura que garantiza el costo de la diálisis, la infraestructura de los centros de salud está lejos de ser suficiente. Muchas unidades de diálisis han tenido que cerrar por falta de mantenimiento, lo que pone en peligro la vida de aquellos que dependen de estos tratamientos para sobrevivir
Además, la falta de personal capacitado y la escasez de equipos también agravan la situación.
El trasplante renal: una opción inaccesible para muchos
En cuanto a los trasplantes renales, la situación es igualmente crítica. El medio indicó que la falta de donantes y los altos costos asociados con los tratamientos inmunosupresores han hecho que esta opción sea cada vez más inaccesible.
El presidente de Sociedad Venezolana de Nefrología destacó que antes de la crisis, Venezuela realizaba alrededor de 360 trasplantes al año, pero en la actualidad solo se llevan a cabo unos 100 trasplantes anuales, lo que limita las posibilidades de los pacientes que podrían beneficiarse de esta alternativa.
Ante este panorama, insistió en que la enfermedad renal crónica debe ser declarada una prioridad de salud pública en Venezuela.
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