Pese a que el gobierno de Maduro los da por buenos y rechaza cualquier sugerencia de malos manejos, los resultados de las presidenciales del 28 de julio anunciados por el CNE fueron recibidos con bastante escepticismo por parte de la comunidad internacional.
Si bien países como Nicaragua, Rusia, Irán, Bolivia, Cuba, China y Honduras reconocieron como legítimo el triunfo de Maduro, ha habido otros gobiernos tradicionalmente cercanos al chavismo venezolano que no le dieron un espaldarazo automático y exigieron más transparencia sobre el proceso electoral.
Ese fue el caso, por ejemplo, de los gobiernos de Brasil, Colombia y México.
Encabezado por Lula da Silva -un aliado tradicional de Maduro-, Brasil abogó durante meses por la publicación de las actas como un “paso indispensable hacia la transparencia, la credibilidad y la legitimidad del resultado de las elecciones”.
Sin embargo, sus sugerencias y recomendaciones no fueron escuchadas por Caracas y, de hecho, se abrió una clara brecha entre ambos gobiernos.
Las autoridades venezolanas revocaron la custodia que tenía Brasil de la embajada de Argentina en Caracas -dónde se encuentran refugiados varios opositores venezolanos- y criticaron duramente y en términos personales la decisión de Lula de vetar el ingreso de Venezuela en el grupo de los BRICS.
Luego de meses de desplantes, Lula optó por tomar distancia con la crisis, señalando que «Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil».
En el caso de Colombia que, junto a Brasil y México, estuvo buscando una solución para la crisis post-electoral venezolana, también hubo un distanciamiento.
Este miércoles, el presidente Gustavo Petro anunció que no asistiría a la toma de posesión de Maduro debido, entre otras cosas, a la detención del defensor de derechos humanos Carlos Correa, así como al dirigente opositor Enrique Márquez.
Petro lamentó que sus peticiones de mayor transparencia electoral no fueran oídas y sostuvo que, aunque no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, no puede reconocer los resultados de las elecciones.
Pedimos la libertad de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, ex Coordinador de Provea y miembro permanente la Asamblea de Provea.
De acuerdo con la información de testigos, Carlos Correa habría sido interceptado la tarde de este martes en el centro de Caracas,… pic.twitter.com/N2uWPU4Jut
— amnistia . org (@amnistia) January 8, 2025
El gobierno venezolano dijo que más de 100 representaciones diplomáticas acudirían este 10 de enero a la toma de posesión de Maduro, sin embargo, en el acto estuvieron solamente dos jefes de Estado latinoamericanos: el cubano Miguel Díaz Canel y el nicaragüense Daniel Ortega.
Tampoco reconocen a Maduro Chile, El Salvador, Guatemala ni República Dominicana; mientras que Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay han ido un paso más allá al reconocer a González Urrutia como presidente electo.
«Creo que Maduro está peor ahora. No tiene apoyo de básicamente ningún gobierno fuerte en América Latina», dice a BBC Mundo Benedicte Bull, profesora titular de Ciencia Política la Universidad de Oslo especializada en América Latina.
Destaca que aunque lo consideran ganador de los comicios, muchos gobiernos no han querido reconocer a González Urrutia para evitar las dificultades legales que se vivieron en 2019.
«Se hizo súper complicado hacer diferentes trámites en el tema de migraciones y los gobiernos necesitan algún tipo de relación formal para manejar ese asunto», indica.
Alegando el tema de la legitimidad democrática, los 27 gobiernos de la Unión Europea decidieron no enviar representantes a la toma de posesión.
La falta de legitimidad hace difícil que la economía venezolana logre una plena recuperación, pues según señalan numerosos economistas, no solamente necesitará el levantamiento de sanciones, sino una renegociación de la deuda externa, la entrada de cuantiosas inversiones y el apoyo financiero de organismos multilaterales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial.
Gedan explica que hay mucho interés en el petróleo de Venezuela, debido a que ese país todavía tiene una gran capacidad de producción, pero no cree que esas inversiones se concreten.
“Todos los expertos que analizan el sector energético de Venezuela dicen claramente que no tiene futuro sin una transición política. No importa lo que pasa con las sanciones de Estados Unidos, lo que el país necesita es una renovación total de los gobernantes, otro marco regulatorio para el sector, nuevas leyes e inversiones enormes para reconstruir este sector que ha quedado casi totalmente destruido”, apunta.
Bull, por su parte, destaca que durante los últimos tres años Maduro había tratado de hacer ver que los problemas de Venezuela se habían arreglado, gracias a que había habido un poco de crecimiento económico.
«Las elecciones iban a ser lo que le ayudaría a llegar a otra situación y creo que eso es lo que había prometido también a los inversionistas: que pronto tendrían una situación más estable al lograr legitimidad», apunta.
Ambos analistas coinciden en que esa relegitimación no se producirá y, por tanto, el esfuerzo se habrá perdido.
Bull advierte que esta crisis de legitimidad no afectará la alianza que mantiene Maduro con China y Rusia, pero resalta que la situación internacional ha cambiado en comparación con 2019.
“Rusia no tiene capacidad económica en esos momentos para brindarle a Maduro el apoyo que le daba en 2019 para evitar las sanciones. Con China sí hay una relación, pero Maduro sabe muy bien que China no está dispuesto a darle más financiamiento”, dice la experta.
En el frente latinoamericano, Gedan advierte que el proceso de “normalización” de relaciones entre Venezuela y los países de la región ha sufrido un frenazo con la crisis de legitimidad derivada de las elecciones.
«Maduro está más aislado que nunca. Ni siquiera Gustavo Petro, quien normalizó la relación colombiana con su vecino, asistió al juramento de Maduro», dice el experto.
“Va a ser muy difícil para la mayoría de los gobernantes en Latinoamérica normalizar las relaciones con este gobierno, porque todavía existe un compromiso regional con la democracia y está a la vista que en Venezuela no existe democracia”, agrega.
Explica que eso no significa necesariamente la aplicación de sanciones regionales -que no son usuales- ni cierre de embajadas.
“Lo que eso significa es que Venezuela no tendrá aliados en la región justificando su comportamiento, que es lo que tenía por muchos años. Para gente como Lula, como el presidente colombiano Gustavo Petro va a ser muy difícil defender el comportamiento del régimen o justificar las violaciones de Derechos Humanos después de esas elecciones”, concluye.
*Esta nota fue publicada originalmente el 1 de agosto de 2024 y fue actualizada tras la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato el 10 de enero de 2025.