La protección de las víctimas de la iglesia chilena, que en los últimos años ha afrontado «una grave crisis debido a numerosos casos de abusos sexuales», necesita un plan estratégico en ese país, según recomendó el Vaticano este martes en el primer Informe Anual de la Pontificia Comisión de Protección de Menores.
Se trata de la principal conclusión del estudio del caso chileno a través de Cáritas Chile, uno de los cuatro con esta organización caritativa recogidos en el informe, que también incluye las reflexiones de las visita ad limina de los obispos de 20 países al Vaticano en 2023.
«La Comisión constata que en los últimos años la Iglesia chilena ha enfrentado una grave crisis debido a numerosos casos de abusos sexuales, abusos de conciencia y abusos de poder cometidos en el seno de la Iglesia, especialmente por parte de personas consagradas», se lee en el documento.
Chile es uno de los países latinoamericanos más salpicados por denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y lleva más de una década sumando nuevos casos desde que salió a la luz el primer gran escándalo, del exsacerdote Fernando Karadima, que en palabras del papa Francisco, destapó «una cultura de abuso y encubrimiento» en el seno de la Iglesia.
Tras tomar nota de los continuos esfuerzos de acompañamiento por el equipo diocesano de protección de Cáritas, la Comisión «observa la continua confusión sobre las acciones de protección requeridas por una entidad jurídica privada», como es Cáritas Chile.
Por ello, valora positivamente que Catholic Relief Services se haya comprometido a formar a una persona de Caritas Chile y otra de la Conferencia Episcopal como investigadores de este tipo de casos de abusos.
Sin embargo, «esta formación no tiene garantía de continuidad, más allá del compromiso inicial de Catholic Relief Services», lamenta.
La primera recomendación de la Comisión a Cáritas Chile es «desarrollar un plan estratégico actualizado en 2024, coherente con el Marco Estratégico de Caritas Internationalis 2024-2030 y el Marco Estratégico de Cáritas América Latina y el Caribe 2024- 2031», en los que se recoge detalladamente la protección.
También subraya «la necesidad de que Cáritas Chile también incluya la protección como una prioridad dentro de su plan estratégico» y desarrolle un plan de cursos de capacitación a nivel de las Cáritas diocesanas que incluya «específicamente la responsabilidad institucional».
Además, la Comisión anima a Cáritas Chile a considerar una solicitud de subvención al Fondo Memorare de la propia comisión pontificia, siempre en «consulta con la Conferencia Episcopal».
Según cifras publicadas por la Fiscalía chilena, en 2021 seguían abiertas 65 investigaciones judiciales contra 116 personas relacionadas con la Iglesia católica, que implican a 220 víctimas, siendo la mitad menores de edad en el momento de los hechos.
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