El Tribunal Supremo, según una providencia recogida por Europa Press, tiene previsto votar y pronunciarse sobre los recursos planteados por la empresa que fue concesionaria de las presas de Los Toranes (Teruel) y Contreras (Cuenca) a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que impusieron la obligación de demolición de los aprovechamientos hidroeléctricos de ambas infraestructuras tras la extinción de la concesión del aprovechamiento de aguas, y pese a que el título concesional que ostenta Iberdrola Generación prevé la reversión de las instalaciones a la Administración.
Las resoluciones han de determinar si existe la posibilidad de la Administración de imponer la demolición de las obras e instalaciones a costa del concesionario y la reversión de estas obras siempre y cuando este extremo pueda aplicarse a concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1290/2012 que modificó el artículo 89 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), en concreto a concesiones otorgadas antes del 21 de septiembre de 2012.
Se dirimirá igualmente si la obligación de demolición de lo construido en dominio público puede ser impuesta por la Administración hidráulica, como condición, en la resolución que acuerda la extinción de un título concesional, a fin de evitar perjuicios a terceros o al interés público, en un supuesto en que el título concesional no contempla esa obligación de demolición, sino la de reversión de las obras e instalaciones a la Administración.
La demolición de la presa de Los Toranes, ubicada en el río Mijares en Teruel, ha generado oposición entre los vecinos y regantes de la zona. La presa, que fue construida hace un siglo para riego y generación eléctrica, dejó de estar en uso tras la caducidad de la concesión en 2018.
En el caso de la presa turolense, formaciones políticas como PSOE, Chunta o Vox han reivindicado su permanencia. Así, los socialistas verbalizaron su apoyo a los vecinos y ayuntamientos afectados que han tratado de paralizar la demolición de una infraestructura que aporta «múltiples beneficios», tanto hidráulicos, medioambientales y económicos, a gran parte de la Comarca de Gúdar-Javalambre.
Chunta, de su lado, reclamó al Gobierno de España buscar fórmulas para evitar el desmantelamiento de la central hidroeléctrica, defendiendo que «no tiene sentido demoler una instalación viable que ya está construida y que aprovecha la energía del agua, en el contexto actual de subida de precios de la electricidad».
Incluso, y con el objetivo de salvaguardar el futuro de la zona, los consistorios afectados remitieron una carta al Ministerio Cultura y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para solicitar la apertura de un expediente que proteja el patrimonio industrial de la presa.
El Ministerio de Transición Ecológica ordenó su demolición, argumentando que su mantenimiento es contrario al interés público y a las exigencias medioambientales1. Sin embargo, los vecinos y regantes han protestado, destacando que la presa es esencial para el riego de sus tierras y para la lucha contra incendios. Además, algunos grupos ecologistas también han apoyado su conservación, a pesar de las alteraciones que causa al río.
