Sara López se dirige con paso rápido a su automóvil, caminando siempre cerca de las paredes del estacionamiento de un centro comercial en los suburbios de Washington donde hace la compra.
«Tengo miedo de andar en la calle y que me arresten», dice esta salvadoreña de 41 años sin permiso de residencia.
Se instaló con su marido hace tres años en los alrededores de Washington, donde vive la segunda comunidad salvadoreña más grande del país.
Fue aquí donde el salvadoreño Kilmar Ábrego García fue detenido y luego expulsado a mitad de marzo a su país de origen, donde está preso en una megacárcel de alta seguridad, construida para albergar a pandilleros.
Sin embargo, la justicia determinó en 2019 que este migrante de 29 años no podía ser deportado.
El gobierno de Donald Trump reconoció inicialmente haber cometido un «error administrativo» en este caso, aunque desde entonces defiende su decisión con uñas y dientes.
La Casa Blanca asegura que Ábrego García pertenece a la pandilla MS-13 y que tiene un historial de violencia doméstica.
«Creo que tendrían que investigar bien este caso, pues no a todos los pueden echar en el mismo saco», reclama Sara López.
«Hemos venido a trabajar y a luchar, aunque no aún tenemos papeles», dice. «No le estamos haciendo daño a nadie».
En Mount Pleasant, un barrio de Washington donde abundan los restaurantes salvadoreños, Keylie piensa de manera similar.
«Algunos tenemos dos o incluso tres trabajos a tiempo parcial, sólo para llegar a fin de mes», dice esta hija de salvadoreños de 31 años, que prefiere no dar su apellido.
Nacida en Estados Unidos, tiene ciudadanía estadounidense. Pero eso no la tranquiliza: «Sólo con mirarme, se puede decir que soy hispana. Podría ser un objetivo sólo por eso, no sé, podría pasar».
«Decisión equivocada»
La Corte Suprema ordenó a la administración Trump que «facilite» el regreso a Estados Unidos de Ábrego García, decisión que celebra Alberto García, un salvadoreño que lleva 20 años en Estados Unidos.
Fue una «decisión equivocada de este gobierno», lamenta García, al decir que a Ábrego García no se le permitió defenderse.
Aunque no todos los salvadoreños son tan categóricos.
«No podría decir si ha pertenecido a las maras o no, pero supuestamente lo han averiguado estos gobiernos, el de aquí y el de allá», observa Saúl Mercado, encogiéndose de hombros.
Este hombre de unos 60 años, que obtuvo asilo tras huir de la guerra civil en El Salvador (1979-1992), está «de acuerdo» con las políticas de Trump.
El republicano, que dijo durante su campaña que los migrantes «envenenan la sangre» de Estados Unidos, fue apoyado en las elecciones presidenciales de noviembre por casi la mitad de los votantes latinos, mucho más que cualquier candidato de su partido en comicios anteriores.
«Está limpiando con todo la delincuencia», explica Saúl Mercado, haciendo un paralelismo con la actuación del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
En una reunión el 14 de abril en la Casa Blanca, en Washington, Bukele descartó cualquier gesto a favor de Ábrego García.
El presidente goza de una amplia popularidad en El Salvador por su guerra contra las pandillas que aterrorizaban al país centroamericano, aunque para ello utiliza mecanismos cuestionados por defensores de los derechos humanos.
Para muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos, el caso de Ábrego García ha creado un «conflicto», afirma Abel Núñez, director de Carecen, una organización que ayuda a los migrantes de América Latina.
«Ven a este joven como una víctima, pero no culpan necesariamente a Bukele por ello. Para ellos, sólo es el carcelero», explica Núñez, originario de El Salvador.
«Este caso afecta a Estados Unidos en su conjunto, y no sólo a nuestra comunidad, porque la deportación de Kilmar abre la puerta a la deportación de cualquiera, incluidos los ciudadanos estadounidenses», agrega.
Trump ya ha dicho que le «encantaría» enviar a criminales estadounidenses a El Salvador.
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