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El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) ha alertado este viernes de la situación «sombría» del periodismo en el país norteafricano, especialmente a causa del aumento de enjuiciamientos a periodistas en el último año, por las «leyes represivas» que no regulan la profesión periodística.
«Los periodistas no piden inmunidad, piden una ley que regule la profesión de periodista», ha declarado el presidente del SNJT, Zied Dabbar, durante una rueda de prensa celebrada el viernes para presentar el informe anual sobre la situación de la libertad de prensa en el país norteafricano.
El informe alerta del creciente número de juicios a periodistas en virtud de normas que están fuera del marco del decreto-ley 2011-115, que regula la profesión periodística. En el último año, los tribunales tunecinos han sancionado a periodistas por su trabajo hasta en 39 ocasiones y han dictado cinco penas de cárcel contra periodistas en base a leyes cautelares como la Ley Antiterrorista y de Blanqueo de Capitales, el Código de Telecomunicaciones o el Código Penal.
Además, en el mismo período, es decir, entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, se registraron en Túnez 211 agresiones contra periodistas, corresponsales y fotógrafos. En este sentido, el informe denuncia una «escalada de las amenazas a la libertad de prensa», donde «el acoso, las amenazas y los ataques» contra los periodistas se repiten.
El presidente del SNJT ha calificado de «sombría» la situación de los periodistas en Túnez, refiriéndose a las dificultades a las que se enfrentan para acceder a la información. Según él, las autoridades políticas –en particular la Presidencia de la República y el Parlamento– han adoptado una «política de cerrazón» frente a los medios de comunicación, «ocultando información», lo que «deja a la esfera pública sujeta a una sola narrativa, que es la narrativa de la autoridad».
Los periodistas y sus estructuras profesionales están convencidos de que el objetivo es «maltratar» a todo periodista que se permita profundizar en temas «incendiarios» que ocupan a la opinión pública, o simplemente criticar la actuación de funcionarios o representantes políticos.
Los autores del informe han expresado su inquietud en un año en el que Túnez celebrará elecciones presidenciales, un evento que «presupone un clima democrático pluralista e instituciones independientes e imparciales» y en el que los medios comunicación «desempeñan un papel clave en el establecimiento de un debate democrático que garantice una amplia participación política y una opinión pública electoral informada».
Este informe se ha publicado apenas dos semanas después de que un tribunal de primera instancia de Túnez haya condenado a seis meses de prisión al periodista tunecino Mohamed Boughalleb por insultar a un funcionario público, razón por la que fue detenido a finales de marzo.
