El 7 de abril de 2024, la familia de José Santos Alfaro recibió la carta de un juez en la que se leía: “Póngase inmediatamente en libertad”. Esa misiva la esperaban desde enero de este año, cuando el líder comunitario fue detenido por agrupaciones terroristas en Chalatenango, un departamento al norte de El Salvador conocido por ser el bastión de la guerrilla en los ochentas.
Carta en mano, la familia fue al recinto carcelario a buscarlo. Cayó la tarde y pronto la noche, pero Santos Alfaro no salió.
Para las autoridades del centro penal no fue suficiente la directiva de un juez —que según las leyes salvadoreñas son de obligatorio cumplimiento—. Dijeron a sus familiares que faltaba más. Una investigación propia que lo comprobara. Fue entonces que volvieron a casa sin Santos Alfaro.
Este no es un caso aislado. En El Salvador han habido reos que incluso murieron esperando a que las autoridades penitenciarias decidieran obedecer las órdenes de los jueces. Ese fue el caso de Luis Armando Rodríguez, de 52 años, quien murió el 21 de junio de 2024, un mes después de que un juez ordenara su liberación a las autoridades de la prisión donde se encontraba.
También le pasó a Dina Hernández, de 28 años, que aunque no murió, fue como si hubiera ocurrido. Estaba embarazada de 35 semanas cuando la policía la llevó a prisión por supuestas agrupaciones ilícitas. Uno de los derechos limitados en el régimen de excepción – vigente en El Salvador desde marzo de 2022 – es el de la libre asociación, y Hernández ha sido activista de derechos humanos en su comunidad desde siempre.
Aunque un juez le otorgó la libertad 24 horas después de la detención, Hernández no salió de la cárcel. Tres semanas después su familia supo que la bebé que gestaba murió en prisión, y solo pudieron recoger su pequeño cadáver. De Hernández no se sabe si ha recibido atención posnatal. Ni cuándo se hará efectiva su orden de libertad.
Los expedientes del régimen de excepción tienen reserva total. Según testimonios de abogados publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de septiembre, todos los casos ahora se reservan por “orden público”. Esto a pesar de que los únicos supuestos permitidos para reservar expedientes son en casos que afecten la moral pública, según el Código Penal.
Tampoco hay acceso a visitas o a que los familiares accedan a información sobre el estado de salud de los detenidos. «La Comisión recuerda que la incomunicación debe ser una medida excepcional, pues puede generar una situación de extremo sufrimiento de extremo sufrimiento psicológico y moral para la persona detenida”, citó la CIDH en un informe.
En marzo de 2022, El Salvador emprendió una ofensiva policial, militar y judicial contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos organizaciones criminales que por años extorsionaron y asesinaron a miles de salvadoreños. Esa ofensiva fue un régimen de excepción que ha permitido sin trabas la captura de unas 80.000 personas señaladas de ser pandilleras. Entre estos han sido capturados miles que no lo eran.
Ante el número de casos con cartas de libertad no acatadas por las cárceles salvadoreñas, la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario ha dado aviso en sus medios digitales para que los familiares de reos con órdenes de libertad no ejecutadas acudan a sus oficinas.
“Aquellos alcaides que no obedezcan las órdenes judiciales deben ser procesados por los delitos de limitaciones indebidas de la libertad individual, incumplimiento de deberes y desobediencia», señaló la organización en un comunicado.
A finales de julio, denunciaron ante la Fiscalía a varios funcionarios salvadoreños, incluido el director de las cárceles salvadoreñas, Osiris Luna, por delitos de lesa humanidad.
“No son avisos, son denuncias formales con nombre y apellido contra funcionarios que han violado de manera clara nuestra Constitución, así como aquellos que se han negado a liberar personas que ya tienen carta de libertad y que no son miembros de pandillas”, dijo Jayme Magaña, abogada especializada en derechos humanos.
Al menos 7.000 inocentes han pisado las cárceles salvadoreñas. Ese dato fue proporcionado por el titular de Seguridad, Gustavo Villatoro, en agosto de 2023, cuando se informó por ultima vez el número de personas que fueron liberadas tras demostrarse que no eran pandilleros. Desde entonces, el Estado no ha actualizado la cifra. Tampoco ha aclarado si reparará por daños morales y materiales a quienes se encontraban presos injustamente.
Según la organización de derechos humanos con sede en El Salvador, Guatemala y Honduras, Cristosal, los dos primeros años de régimen de excepción retratan un modelo de justicia diseñado para imponer, tanto a delincuentes como personas inocentes, un castigo injusto dependiente de la palabra de sus captores, como policías o militares, que en ocasiones han llevado a ciudadanos a prisión por mostrarse “nerviosos” en los retenes.
“Hay familiares de personas detenidas que todavía creen que sus personas cercanas saldrán de prisión en seis meses porque son inocentes. La desesperanza llega cuando esto no ocurre y no logran siquiera tener comunicación con los detenidos o información sobre sus casos”, señalan en su informe El silencio no es opción.
Antes del régimen de excepción, las cárceles salvadoreñas mantenían unos 19.000 pandilleros presos. A la fecha no se sabe cuántos de los detenidos bajo régimen son miembros de maras. El gobierno de Nayib Bukele únicamente habla de lo que se ha logrado a la fecha, una histórica reducción en la violencia homicida que ha convertido a El Salvador en uno de los países con la menor tasa homicida de la región.
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