Desde 1999, se ha venido instaurando un régimen de opacidad, control de medios mediante censura y autocensura, clausura y compra compulsiva de medios asfixiados y cercados, intimidaciones y agresiones judiciales contra periodistas y editores, amenazas y maltrato físico a profesionales de la información y opinión, hasta el secuestro y encarcelamiento con siembra de delitos por parte de los organismos de seguridad militares y policiales, con la complicidad necesaria de los fiscales del Ministerio Público y los jueces del Poder Judicial.
También han utilizado demandas «privadas» por difamación e injuria, con ventajismo y manipulación desde las esferas del sistema venal instaurado, cuyos casos más demostrativos son las incoadas, respectivamente, por Tobías Carrero Nácar contra Pablo López Ulacio -editor del semanario La Razón-, desde 2000 refugiado en Costa Rica; y por Diosdado Cabello contra Miguel Henrique Otero -editor de El Nacional, histórico diario venezolano, cuyos bienes muebles e inmuebles fueron arrebatados «judicialmente»-, exiliado en España.
Victimarios de periodistas y medios críticos
No hay que estar de acuerdo con todos los contenidos de los medios y los conceptos de sus periodistas y articulistas, para defender la libertad de expresión y el derecho a la información establecidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución vigente (1999); y con el ejercicio profesional ético y responsable, pautado en la Ley de Ejercicio del Periodismo (1994).
En artículos anteriores he referido cómo a partir de 1999, el gobierno de Hugo Chávez comenzó a cerrar o bloquear las oficinas gubernamentales de información, desde la presidencial de Miraflores hasta las ministeriales e institucionales aliadas del buen periodismo como la muy famosa y recordada Oficina de Prensa de la Policía Técnica Judicial (PTJ), luego Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), de la cual no queda ni el rastro.
Se impuso, en definitiva, un concepto restrictivo contra el ejercicio profesional del periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información, cuyos efectos sufrimos hoy en 2025, sin solución de continuidad. Su aliento unidireccional es palpable en los contenidos comunicacionales sesgados y propagandísticos de las plataformas «informativas» del Sistema Público de Información y Comunicación, junto con sus enlaces «privados» en manos de corruptos testaferros del PSUV, en las 24 entidades federales.
Encima de todo lo anterior, Conatel (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) se esmera en el control punitivo de contenidos y suspensión de transmisiones radioeléctricas (radio y televisión) y telemáticas: más de 400 televisoras y radioemisoras han sido clausuradas, desde 2007 hasta 2025. Este régimen de terror comunicacional debe cesar. Es simplemente monstruoso e insostenible.
Lo que no controlan -creen los jerarcas civiles y militares del PSUV, incluyendo a la ignorante y atrevida comandita de Miraflores- les perjudica. Quienes no se someten a sus dictados son «conspiradores» o «enemigos», razón suficiente para difamar, perseguir, estigmatizar y finalmente encarcelar periodistas, reporteros gráficos, caricaturistas, articulistas de opinión y editores.
En este oprobioso marco autoritario, corrupto y brutal es que se produce la arbitraria detención y las posteriores imputaciones fiscales y privativa judicial de libertad en contra de nuestra joven colega periodista Nakary Mena Ramos y su esposo Gianni González, el pasado jueves 10 de los corrientes. El procedimiento ejecutado por el régimen de Maduro, es idéntico a otros anteriores: (1) secuestro policial (con o sin orden judicial); (2) desaparición forzada durante horas, días y meses, con la complicidad activa de fiscales del Ministerio Público y abogados de la Defensa Pública, quienes son parte de la maquinaria represiva, con impunidad y descaro.
La diligente actuación del Sindicato Nacional de Periodistas (SNTP) y del Colegio Nacional de Periodistas (CNP/Caracas) y las reacciones públicas de condena a esa nueva arbitrariedad, y amplia solidaridad con los secuestrados, impidieron la extensión del lapso de maltratos y tortura psicológica, al que habitualmente son sometidos por el degradado «sistema de justicia» venezolano.
Miles de compatriotas -responsables o no de delitos- han sido sometidos a tratos crueles y otras violaciones de sus derechos constitucionales: (1) detenciones arbitrarias, (2) encapuchamiento y traslados sinuosos a centros ilegales de detención, (3) desapariciones forzadas (a pesar de reclamos activos de familiares, amigos, defensores privados y entes gremiales, sindicales y políticos, etc.), (4) negación de defensa particular e imposición de «defensores» públicos cómplices con el régimen de violación de los derechos humanos, (5) coacción bajo engaño o amenazas a los secuestrados y sus familiares para que «acepten» la miserable «defensa» pública impuesta, y (6) negación absoluta y total del debido proceso, sin lapsos procesales definidos ni acceso al juez o al fiscal en compañía de sus defensores privados, escogidos por voluntad propia.
Con eso y más -hay casos crueles de tortura física y hasta asesinatos en recintos carcelarios y espacios secretos de interrogatorio y sometimiento de los presos-, el régimen de Maduro ha instaurado un sistema represivo infame, brutal, descarado y cínicamente defendido por jerarcas del PSUV y altos representantes de los Poderes Públicos involucrados en el así pervertido sistema de justicia: las policías y cuerpos militares dedicados a la represión, dependientes del Poder Ejecutivo; las fiscalías del Ministerio Público, integrantes del Poder Ciudadano; y los jueces del Poder Judicial. Cuentan, además, con el silencio cuadrapléjico del defensor del pueblo (especie de ombudsman), cuya inacción ante tales desmanes vale para su destitución y enjuiciamiento penal, en cualquier país medianamente decente.
14 periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados
Actualmente, hay en Venezuela 14 trabajadores de los medios de comunicación encarcelados. El pueblo venezolano clama por su libertad plena, igual que para los casi mil presos por motivos políticos procesados judicialmente con todas las irregularidades descritas. Vale resaltar, que producto de las sucesivas olas represivas y los reclamos familiares y populares de liberación, casi 10.000 hombres y mujeres vejados por el régimen represivo actual, han sido excarcelados, mas no liberados: esos aproximadamente 10.000 venezolanas y venezolanos víctimas de la represión y juicios amañados han sido excarcelados con medidas judiciales cautelares, que les someten a silencio judicial, prohibición de su derecho a la participación política y la libre organización, entre otros. Es decir, la comandita de Miraflores, el PSUV, sus satélites y testaferros saqueadores mantienen a 10.000 familias sometidas bajo amenazas activas de reencarcelamiento de sus seres queridos humillados y maltratados dentro del podrido sistema de justicia. Es un aura de terror represivo que no se se ve, pero existe y lacera en ser nacional venezolano, en esencia díscolo y libertario, justiciero y solidario.
Defensa de las libertades y derechos constitucionales vigentes
Valga la oportunidad, para reafirmar nuestro apego irreductible a la defensa de las libertades y derechos constitucionales vigentes y pisoteados por tan infame y brutal regimen represivo.
Mi solidaridad hacia los colegas periodistas, reporteros gráficos y otros trabajadores de la prensa encarcelados: ¡no bajen la cerviz! Miren con dignidad a sus represores, carceleros, fiscales y jueces venales: ¡ellos están de paso! Soy convencido de que el huracán de la libertad democrática y constitucional, los desnudará en su insignificancia humana, ética y moral. Ellos son la nada, frente a la dignidad de la patria de nuestros Libertadores, que ustedes enaltecen cada día, con su esmero profesional.
