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El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha instado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez a que no utilice la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para este lunes, 15 de julio, como «simple coartada para blanquear el chantaje del independentismo» catalán.
Bendodo se ha pronunciado así durante una intervención en una reunión de diputados y senadores del PP en Benalmádena (Málaga) la víspera de que este lunes, 15 de julio, se reúnan el CPFF y la Conferencia Nacional de Administración Local (Cenal), según ha recordado.
En «nombre del PP», su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «respete la opción mayoritaria de este órgano de financiación sobre los temas económicos que afectan a la mayoría de las comunidades», y que «si tiene la tentación o la idea de abordar de una vez por todas la reforma del modelo de financiación autonómica, al mismo tiempo aborde también la reforma del modelo de financiación local de los ayuntamientos y de las diputaciones, que son los hermanos pobres de la administración pública, los que menos fondos gestionan», ha abundado.
El representante del PP también ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que no use ese Consejo de Política Fiscal y Financiera «como simple coartada para negociar y blanquear el chantaje del independentismo con la financiación».
En esa línea, Bendodo ha comentado que en Cataluña se está «negociando la constitución» de un nuevo gobierno tras las elecciones autonómicas celebradas en mayo, y «tiene toda la pinta de que vamos a salir perjudicados muchos para beneficiar a algunos, para que uno siga sentado en el sillón de la Moncloa y otro pueda conseguir el Gobierno de la Generalitat», ha comentado Bendodo.
Además, el dirigente del PP ha criticado que el Gobierno haya planteado la reunión del Cenal este lunes «como un mero trámite convocado extemporáneamente», y con un orden del día en el que no se recogen «ni la deuda de los 3.000 millones que debe el Gobierno de España a los ayuntamientos», ni la «necesaria» reforma de la financiación local, según ha reprochado al Ejecutivo.
