El Poder Judicial de Guatemala se consolida como un gobierno paralelo que desafía al nuevo presidente Bernardo Arévalo

El asunto del uso político del Poder Judicial guatemalteco, y de su Ministerio Público, ha sido el que más ha ocupado las energías del presidente Arévalo, quien asumió el poder en enero pasado después de haber ganado las elecciones en agosto del 2023 y de varios intentos de Porras y del Constitucional por impedirlo.

Cuando dio su discurso a propósito de sus 100 días en el gobierno, el 24 de abril pasado, Arévalo volvió a referirse a su intención de procurar la destitución de la fiscal general Porras, algo que se escapa de sus atribuciones directas como presidente.

La eventual remoción de Porras también ha estado presente en conversaciones que Arévalo ha sostenido fuera del país, sobre todo en Washington, desde que era presidente electo. En noviembre pasado, en una reunión con corresponsales en la que Infobae estuvo presente, Arévalo aseguró que el asunto de Porras y la protección que ella da a redes de corrupción en Guatemala, incluidas las que atañen al expresidente Alejandro Giammattei, es uno de los más importantes en sus conversaciones con el gobierno de Joe Biden.

Porras, sin embargo, sigue ahí. Y ahí siguen, en la cárcel, algunos de los críticos de su gestión que le han señalado su complicidad con redes de corrupción como las vinculadas a Giammattei. En la cárcel sigue, por ejemplo, José Rubén Zamora, un influyente periodista capturado en junio de 2022 por Cinthia Monterroso, una de las fiscales preferidas de Porras, a quien Washington también ha listado como funcionaria antidemocrática y corrupta. El MP de Porras ha acumulado tres casos a Zamora que incluyen alegatos tan inverosímiles como acusarlo de obstrucción de justicia solo por comunicarse con sus abogados. La comunidad internacional, sin excepciones, ha condenado que Zamora siga en la cárcel. Pero él sigue ahí. Y Porras sigue siendo la fiscal general en cumplimiento de su segundo periodo al frente del MP, que concluye en 2026.

Arévalo, a pesar de estar imposibilitado por ley a destituir directamente a Porras, ha iniciado acciones legales contra ella. A principios de marzo, el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, denunció a Porras y a otros ante la Contraloría General de Cuentas de la República (CGC) por participar en la persecución política de dos guatemaltecos residentes en el extranjero, dos ex fiscales que dirigieron investigaciones contra los grupos de poder que apoyan a la fiscal general.

De acuerdo con la denuncia de Guerrero, el gobierno del expresidente Giammattei utilizó fondos públicos para pagar a un bufete en Estados Unidos y “perseguir” a Thelma Aldana, ex fiscal general, y a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ambos exiliados en Washington, DC. Sandoval tuvo que salir de Guatemala luego de investigar al expresidente Giammattei en casos de corrupción. Según Guerrero, el gestor de la persecución a los ex fiscales es Ángel Pineda, otro peón de Porras en el MP, también sancionado por Estados Unidos.

Arévalo también ha intentado, a través de su secretario general y del Procurador General de la Nación, iniciar un proceso de levantamiento de inmunidad a Porras por no asistir a una convocatoria girada por la autoridad presidencial. Este proceso administrativo debe de pasar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de ahí al Congreso, que es el cuerpo que al final decide en un caso así. Arévalo, sin embargo, no tiene mayoría en el parlamento. Aun así, de pasar el filtro legislativo, y ante una previsible apelación, todo terminaría en la Corte de Constitucionalidad (CC), donde hoy reina Néster Vásquez, un juez que debe mucho a Consuelo Porras.

Infobae intentó contactar con los funcionarios del Poder Judicial guatemalteco y del MP por las vías oficiales de comunicación pero no hubo respuesta.

Néster Vásquez Pimentel juró como magistrado de la Corte de Constitucionalidad los primeros días de junio de 2021. Cuando lo hizo, Vásquez había concluido su periodo como magistrado de la CSJ y había dejado de tener inmunidad, una mala noticia para él: el Ministerio Público, que Porras aún no contralaba completamente a inicios de aquel año, tenía lista una orden para meterlo preso.

En 2018, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) habían presentado un caso al que llamaron Comisiones Paralelas II, una investigación según la cual tres operadores políticos habían maniobrado para influir de forma ilegal en la conformación de la CSJ cuatro años antes. Una de las formas de influencia indebida eran reuniones con jueces y abogados que eran candidatos para conformar el Supremo, entre ellos Néster Vásquez.

MP y CICIG detectaron reuniones de Vásquez y otros cuatro abogados con Alejandro Sinibaldi, un poderoso ministro en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2011-2015). En 2016, Sinibaldi fue acusado de participar en un esquema de corrupción para cobrar sobornos y lavar dinero. Luego fue implicado en el capítulo guatemalteco del caso Odebrecht. Antes de esos procesos judiciales, Sinibaldi maniobraba desde una oficina en la lujosa Zona 10 de Ciudad de Guatemala para influir en la conformación de las nuevas cortes.

Producto de aquella manipulación, de acuerdo con las investigaciones del MP, se conformó una Corte Suprema a la que Vásquez Pimentel entró como magistrado.

Cuando terminó su periodo como magistrado de la Corte Suprema, Vásquez perdió la inmunidad del cargo, pero ya su camino hacia otro alto tribunal del país, el de la Corte de Constitucionalidad, esta abierto gracias a una operación de manipulación de nombramientos similar a la que lo llevó a la CSJ, según investigaciones del MP. La fiscalía especial contra la impunidad preparó una orden administrativa de captura que, de acuerdo con uno de los investigadores involucrados en el caso, fue retrasada en el despacho de la fiscal general Consuelo Porras. El retraso dio tiempo a Néster Vásquez para que el Congreso lo juramentara el 3 de junio de 2021 como magistrado del Constitucional, con lo que su inmunidad quedó restituida.

Menos de un mes después de aquella juramentación, el 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado en Washington hizo pública la primera versión de la llamada Lista Engel, un instrumento diplomático en el que el gobierno estadounidense nombra a funcionarios que considera corruptos. Estados Unidos incluyó a 20 guatemaltecos, entre ellos a Vásquez.

“Ha socavado procesos e instituciones democráticas abusando de su autoridad e influyendo de forma inapropiada y manipulado la designación de jueces a las altas cortes”, describió el Departamento de Estado a Néster Vásquez en su informe de 2021.

Algunos de los implicados en los casos de influencia indebida de selección de altas cortes también fueron favorecidos por el MP de Porras. Alejandro Sinibaldi, el exministro acusado de corrupción y de manipular la elección de magistrados, recuperó su libertad. Mynor Moto, otro juez acusado de corrupción y de participar en un caso similar, también está libre.

En aquella primera designación de la Lista Engel, dada en Washington en julio de 2021, aparecen nombrados otros guatemaltecos que han sido aliados fieles de la fiscal general Consuelo Porras o han sido favorecidos por ella. Ahí están, entre otros, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, miembros de la Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha financiada por empresarios privados guatemaltecos que ha servido de querellante en casos contra críticos de la fiscal y el expresidente Alejandro Giammattei como el periodista José Rubén Zamora o los ex fiscales Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.

En nuevas versiones de la Engel, dadas en 2022 y 2023, el gobierno de Joe Biden incluyó a Porras y a sus lugartenientes en el Ministerio Público, entre ellos Ángel Pineda y Rafael Curruchiche, ambos los subalternos a los que la fiscal general encargó los ataques y persecución judicial de Bernardo Arévalo desde que era candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla.

Pero, a pesar de las sanciones, de las que luego se hicieron eco gobiernos europeos y la Organización de Estados Americanos (OEA), Porras y los suyos siguen en el puesto y se pasean por los pasillos del poder en Guatemala.

Durante el mes de abril, por ejemplo, Porras se ha dejado fotografiar junto a alcaldes guatemaltecos recién electos, entre ellos el de Antigua Guatemala, ciudad colonial y destino turístico por excelencia del país centroamericano. Mientras, Curruchiche, el fiscal en jefe en los casos contra Semilla, cuestiona en sus redes sociales la política exterior de Guatemala y a los gobiernos y organizaciones que los han sancionado. Poco indica, por ahora, que estos fiscales estén pensando en dejar sus puestos. Y todo indica que el presidente Arévalo la tiene cuesta arriba para deshacerse de ellos.

Cuando estuvo en Washington en noviembre pasado como presidente electo, Arévalo dijo esto al hablar de golpes de Estado como el que el que, según él entiende, han intentado promover en Guatemala la fiscal general Consuelo Porras y quienes la apoyan: “En el siglo XX era con el poder coercitivo del Estado, en el Siglo XXI es con jueces y abogados”.

Unas semanas atrás juró como presidente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala Néster Vásquez Pimentel, un magistrado que se libró de la cárcel gracias, en parte, a la ayuda de la fiscal Porras. Al escritorio de Vásquez irán a parar ahora, los intentos judiciales que el gobierno de Arévalo haga por destituir a Porras.