La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador rechazó este jueves la «ineficiencia» del Gobierno ante la crisis energética y los apagones a escala nacional por el déficit de generación en el parque hidroeléctrico, afectado por una grave sequía.
El Legislativo, mediante un comunicado, exigió además al Ejecutivo «acciones inmediatas» frente a los apagones porque, según dijo, «agravan la crisis de seguridad y ponen en peligro el desarrollo económico del Ecuador».
Con 93 votos, de entre los 137 escaños que integran la Cámara, el Legislativo exigió al Gobierno «implementar un plan urgente que restablezca el suministro eléctrico y garantice la seguridad vial con la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas».
Asimismo, señaló que el Ejecutivo «deberá entregar un informe detallado sobre las medidas adoptadas para resolver esta crisis y proteger a la ciudadanía».
El Gobierno ecuatoriano ejecutó en la noche del miércoles el primero de una serie de apagones programados, que se realizó por sectores y que duró entre dos y seis horas, lo que recordó a los que se sucedieron a finales de 2023 y a mediados de abril, debido a la crisis de producción de electricidad.
Los apagones volverán la próxima semana, según han anunciado autoridades del Gobierno, que han calificado a la actual época seca como la peor en seis décadas, lo que ha generado una bajada drástica en los caudales de los ríos que alimentan a las principales plantas hidroeléctricas del país.
Se calcula que cada hora de racionamiento eléctrico provoca en el país pérdidas por unos 12 millones de dólares, según una estimación del Ministerio de Energía y Minas.
La sequía es uno de los factores que ha desatado la actual crisis eléctrica, también alimentada por la falta de mantenimiento e inversiones desde hace más de un lustro.
Las propias autoridades han advertido de que los apagones podrían generar un aumento en el índice de delitos, en un momento en que el país soporta una severa crisis de inseguridad por el accionar de bandas de delincuencia organizada, contra las que el presidente, Daniel Noboa, elevó a inicios de año la lucha a la categoría de «conflicto armado interno» y pasó a catalogarlas como grupos terroristas.
Grupos de camioneros también se han quejado de la alta inseguridad en las carreteras.
Para intentar frenar la posibilidad del auge de la delincuencia, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, decretó la aplicación del toque durante el apagón en seis provincias y un municipio, donde ya rige un estado de excepción para combatir al crimen organizado
