La Corte de Apelaciones de La Serena, en el norte chileno, ha ordenado este miércoles dejar nuevamente en prisión preventiva a cinco integrantes de células criminales ligadas al Tren de Aragua, formalizados por los delitos de secuestro y asociación ilícita, a los que anteriormente una jueza le había cambiado la medida cautelar por arresto domiciliario total a cambio del pago de una fianza. Uno de ellos se entregó de forma voluntaria a la Policía de Investigaciones (PDI), pero se desconoce la ubicación de los cuatro restantes, según informan los medios locales.
La decisión de encarcelar nuevamente a los acusados se da luego de que el Ministerio Público presentara un recurso en contra de la resolución de la jueza Daniella Pinto Cortés, del Juzgado de Garantía de Los Vilos, quien este lunes había cambiado la prisión preventiva que cumplían los cinco imputados desde fines de 2023 por arresto domiciliario total, firma mensual y arraigo nacional. La Fiscalía apeló el dictamen de Pinto argumentando que la liberación de los formalizados constituía un peligro para la sociedad. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió la apelación.
La jueza Pinto les había otorgado arresto domiciliario a los cinco integrantes del Tren de Aragua luego de que la defensa de los acusados pagara una fianza de cinco millones de pesos chilenos por cada uno (unos 5.500 dólares). “Una caución [garantía] de menos de cinco millones de pesos no permitiría salvaguardar eficazmente el peligro de fuga”, afirmó este lunes la magistrada en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de los imputados.
El sonado caso judicial escaló hasta La Moneda. El ministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, sostuvo que la decisión se dio en el contexto de un debate donde “al parecer, quien concurrió en representación del Ministerio Público no tenía pleno conocimiento de la carpeta de investigación”, aseguró este jueves con Radio Infinita. “No son cualquier tipo de crímenes y tampoco cualquier tipo de organizaciones y, por lo tanto, requiere una cierta proactividad, sobre todo cuando hemos puesto tanto énfasis en organizaciones criminales y hemos además regulado separadamente los aspectos procesales y los aspectos penales de ese tipo de organizaciones”, añadió el secretario de Estado.
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