El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ondea una bandera nacional durante una manifestación de apoyo a su gobierno en Caracas el 23 de enero de 2024. (Foto de Gabriela Oraa / AFP)
El chavismo parece haber puesto la reversa. El avance que significaron los acuerdos de Barbados, la recuperación de cierta interlocución diplomática lograda por Venezuela en los últimos meses —incluidas credenciales de nuevos embajadores antes rebajados a encargados y las conversaciones directas con Estados Unidos tras años de hostilidades— y las posibilidades de resolver la prolongada crisis institucional que vive el país sudamericano en elecciones parecen haberse quedado atrás ante la nueva escalada represiva del Gobierno de Nicolás Maduro.
Por FLORANTONIA SINGER / ALONSO MOLEIRO / elpais.com
En menos de tres meses se han producido más detenciones de opositores, se bloqueó de la candidatura de María Corina Machado, la principal dirigente para enfrentar al líder del Partido Socialista Unido de Venezuela y se encarceló a Rocío San Miguel, una visible defensora de derechos humanos dedicada al monitoreo de las Fuerzas Armadas Nacionales. A nivel interno, el chavismo ha vuelto sobre estrategias ya usadas para arrinconar a sus adversarios. Pero el incipiente andamiaje que había logrado reconstruir a nivel internacional con el que buscaba recuperar legitimidad, después de años de presión a través de sanciones y ruptura de relaciones diplomáticas en reacción a la deriva autoritaria que vivido el país, parece estarse desmoronando de nuevo.
El chavismo ha denunciado una serie de conspiraciones para asesinar a Maduro y las ha usado como una justificación para salirse de los acuerdos de Barbados, que ya se habían quedado en entredicho con los movimientos del Tribunal Supremo de Justicia para anular las primarias e impedir la participación de Machado. Esto le ha costado que la flexibilización del régimen de sanciones que había pactado directamente con Washington pueda finalizar a la vuelta de dos meses, luego de haber logrado una ligera mejora en la producción petrolera, la apertura del sector a empresas extranjeras y el regreso del empresario Alex Saab, un operador financiero del Gobierno que se volvió clave en los tiempos de mayor cerco sancionatorio.
Esta semana, en medio de la crispación que ha levantado en el ecosistema de las organizaciones de derechos humanos la detención de la abogada Rocío San Miguel y las violaciones al debido proceso en su caso, entre las que sus defensores incluyen la desaparición forzada, el Gobierno ha decidido expulsar a los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Una publicación en la cuenta en X del organismo, en la que manifestaba su profunda preocupación por la detención de San Miguel ha provocado la medida anunciada por el canciller venezolano Yvan Gil.
La reacción de rechazo en la región ha ido en cadena. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay ya han levantado las primeras banderas rojas. Un cerco diplomático sobre Venezuela podría estarse levantarse de nuevo, pese a los intentos de la comunidad internacional de normalizar las relaciones con el país petrolero.
La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos se instaló en 2019 tras años de mucha presión de la sociedad civil sobre la situación de los derechos en Venezuela. Maduro autorizó la venida de los presentantes de Ginebra, después de pasar años negando la crisis humanitaria, que también tuvo un correlato en las libertades políticas. A la par que se empeoraron los indicadores sociales, también aumentó la represión en el país. “En aquel momento con Michelle Bachelet, el Gobierno estuvo más dispuesto a someterse a los mecanismos de protección para decir que son garantes de los derechos humanos, aunque antes negaban las reiteradas violaciones que se venían denunciando”, señala Ezequiel Monsalve, de la ONG Defiende Venezuela.
Aun con un trabajo extremadamente limitado, para las organizaciones de la sociedad civil la salida en 72 horas de los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas traerá consecuencias en la protección de los derechos en el país, el acceso de relatores al país que se abrió en los últimos años y en la asistencia técnica de las autoridades. “Si con la presencia de ellos acá estábamos en riesgo, ahora más”, advierte Monsalve. El activista señala que los representantes tuvieron grandes dificultades para visitar las cárceles donde están los más de 200 presos políticos que todavía hay en Venezuela. Pero las reiteradas denuncias de las ejecuciones extrajudiciales en barrios pobres a manos del FAES (las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana) finalmente lograron que se desmantelara ese cuerpo policial —aunque sus actuaciones se trasladaron a otros organismos— y disminuyera la letalidad de esas incursiones policiales.
Algunos analistas advierten de que Venezuela avanza hacia un proceso similar al vivido en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos años. A lo ocurrido las últimas semanas, se suman señales como la intervención de organismos internacionales como se hizo con la Cruz Roja de Venezuela y el impulso de iniciativas legislativas que buscan criminalizar las ONG, que la Asamblea Nacional discute actualmente. El año pasado el chavismo parecía decidido a unas elecciones medianamente competitivas en las que todavía podría controlar el resultado y retener el poder. El endurecimiento de Maduro frente a sus adversarios toma un aliento particularmente luego del éxito las elecciones primarias de la oposición, en octubre de 2023, y la rotunda victoria obtenida en ellas por María Corina Machado, la candidata más antichavista de todos, ahora líder electa, que en este momento cuatruplica a Nicolás Maduro en intención de voto, según los sondeos.
