El secuestro y homicidio en febrero del exteniente venezolano Ronald Ojeda ―opositor al Gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile― ha provocado nuevos coletazos diplomáticos entre Caracas y Santiago. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha apuntado este miércoles a que se trató de una “operación de falsa bandera” tramada por cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con “intereses espurios”. Su declaración choca con la del fiscal chileno Héctor Barros, quien señaló el pasado abril que la principal hebra de investigación del crimen cometido en Santiago de Chile indica que hubo un móvil político y que se organizó desde Venezuela. El Gobierno de Gabriel Boric, a través de su Cancillería, ha calificado de “inaceptables” las acusaciones del fiscal, pero ha descartado romper relaciones.
“Las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden. Estas declaraciones son incomprensibles ya que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena. Esa es la colaboración que estamos exigiendo y es lo mínimo que podemos demandarles”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, a través de una declaración pública, respecto de la nula colaboración del Gobierno de Maduro para ubicar a presuntos implicados en el brutal crimen que actualmente estarían en territorio venezolano. De acuerdo a William Saab, la Constitución de su país prohíbe la extradición de sus connacionales.
Para Van Klaveren, “lo de la limitación respecto de la extradición no es nuevo, pero existe otro mecanismo establecido que permitiría juzgar en Chile a estos criminales. Pero lo central en este minuto es que estos delincuentes, quienes tal como dijo el fiscal Valencia [el líder de la Fiscalía chilena] se encuentran en territorio venezolano, sean detenidos. Con eso podemos empezar a acordar cursos de acción”, dijo el ministro chileno. Sobre los requerimientos para cortar vínculos con el país caribeño, que provienen sobre todo de la oposición chilena, el canciller enfatizó: “No es nuestra política favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas. Lo que nos interesa es obtener colaboración, la que sería más difícil si no tenemos representación en Venezuela”. El ministro dijo que “los cursos de acción diplomáticos siempre están en evaluación” y que el Gobierno chileno agotará “todas las instancias para aclarar este horrible crimen”.
Ojeda, de 32 años, vivía en el piso 14 de un edificio en el municipio de Independencia de Santiago de Chile junto a su esposa y su pequeño hijo. Fue secuestrado a las 3.10 de la madrugada del 21 de febrero por tres sujetos con las caras tapadas y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes lo sacaron en ropa interior. Un cuarto aguardó en la conserjería y, al menos uno, un joven venezolano de 17 años, el único detenido en Chile, prestó colaboración. Todo quedó registrado en un vídeo del edificio.
El secuestro ha sido considerado inusual por la forma en que se cometió: con sujetos vestidos de policía, con ingreso de madrugada a un departamento y sin que se pidiera rescate. Son al menos tres elementos que se diferencian del modus operandi que ha tenido el Tren de Aragua cuando ha cometido este mismo delito en Chile. Pero coincide en la forma en que fue sepultado el cadáver, pues en el extremo norte chileno hay entierros similares bajo cemento.
La nueva polémica en torno al crimen de Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado el 2 de marzo enterrado bajo cemento dentro de una maleta, llega una semana después de que el fiscal William Saab enviara a dos fiscales a Santiago para recabar información del caso, que solo fueron recibidos por el responsable de las relaciones internacionales en la Fiscalía: no se les permitió el acceso a la carpeta investigativa ni a ningún elemento relativo a la pesquisa, según la Administración de izquierdas. “Las colaboraciones en las investigaciones criminales en el mundo, en América Latina, en los países de Iberoamérica, están regladas”, sostuvo este miércoles el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero, en el noticiario 24 Horas. “Tienen canales institucionales a través de los cuales se realizan. Y no se formulan mediante visitas turísticas”, añadió explicando la decisión de Chile de no entregarles información.
William Saab aseguró que existen personas involucradas en todas las etapas del crimen que “no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países”. Hasta ahora solo hay un detenido por el secuestro de Ojeda, un joven venezolano de 17 años que reconoció que el 21 de febrero estuvo dentro de un coche junto a otro sujeto frente al edificio donde vivía el exteniente. No ha entregado más antecedentes. También se han identificado a dos de los ocho sospechosos que habrían participado en el delito, Walter Rodríguez Pérez y Maickel Villegas Rodríguez, quienes huyeron de Chile. Ambos tienen hay una orden de captura internacional de Interpol.
El presidente Boric ha exigido a Caracas la detención y la extradición de los presuntos responsables, pero el fiscal venezolano ha cerrado este miércoles la puerta sobre este asunto. “De ser detenidos en Venezuela, serán juzgados acá con base en las evidencias recabadas por la Fiscalía de Chile; que no entregó nada”, apuntó.
El fiscal venezolano sostuvo que le “preocupa la utilización política” que se ha hecho de este caso. “Hay además muchas preguntas omitidas y sin respuestas: ¿Por qué Ojeda, que estaba en Chile en condición de refugiado, salía del país por pasos ilegales?”. El fiscal Barros confirmó en mayo al canal chileno Mega que Ojeda salió por un paso irregular, ya que al ser un refugiado político no podía abandonar Chile. “Hubo un viaje hacia Colombia en diciembre de 2023. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, llega hasta Colombia y cruza la frontera hacia Venezuela y tiene una reunión con Ányelo Heredia (un exmilitar disidente) y otras personas más”, dijo Barros.
Sobre un posible quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países en cuestión, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que es una materia que “el Gobierno podrá evaluar”. “No veo que hoy día la Cancillería esté analizando las declaraciones, pero esto se da en el marco de un caso policial donde se está llevando adelante una investigación en Chile que tiene un detenido, tiene personas sospechosas que están identificadas de nacionalidad venezolana, hay una solicitud de asistencia penal internacional del Ministerio Público, y creo que la investigación tiene un nivel de avance muy importante en Chile”, afirmó.
En mayo de 2023 el Gobierno de Boric designó al socialista Jaime Gazmuri, de 80 años, como embajador chileno en Caracas tras cinco años de ausencia de un representante, en una clara señal para reforzar unas relaciones diplomáticas que, si bien no estaban rotas, se consideraban debilitadas. Desde entonces, una serie de desencuentros han dañado el vínculo, al punto de que el mandatario chileno llamó a consultas a su embajador a mediados de abril en medio de una cruzada de declaraciones poco cordiales en el marco del caso Ojeda.
Las hipótesis dadas a conocer este miércoles por el fiscal William Saab probablemente sigan profundizando las distancias entre ambos países. “Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad”, planteó el fiscal. Y añadió: “Efectivamente el móvil es político, pero no es el que se ha estado barajando en los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar”.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
