La Fiscalía informó este miércoles que recibió en extradición desde El Salvador a un ciudadano identificado como Richard Billings Cardozo Urribarri, quien está señalado como el «autor material» de un homicidio ocurrido en el estado Zulia, ubicado al noroeste del país, en la frontera con Colombia.
Mediante una publicación en Instagram, el fiscal general Tarek William Saab señaló que Cardozo es parte de la banda criminal «El Yiyi» y que participó en un asesinato el 18 de febrero de 2023, donde también resultaron heridas otras tres personas.
Saab detalló que la detención de Cardozo fue posible gracias a una alerta roja internacional por varios delitos, entre ellos: «asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo, homicidio intencional calificado por motivos fútiles y extorsión agravada».
El fiscal calificó la extradición como un «triunfo» y reafirmó su compromiso con «mantener activa» la cooperación penal internacional, independientemente de las circunstancias en las relaciones diplomáticas.
El pasado 22 de marzo, Saab había informado que El Salvador aprobó la extradición de Cardozo, quien está involucrado en un tiroteo contra un comercio en Maracaibo, la capital del estado Zulia, como parte de un proceso de colaboración judicial entre ambos países.
Tensiones con El Salvador
Esta extradición ocurre en un contexto de tensión diplomática entre Venezuela y El Salvador, tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de deportar a más de 200 migrantes venezolanos, presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, originada en una prisión venezolana.
El lunes, Saab acusó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de ser «un violador serial de derechos humanos», en respuesta a la propuesta de repatriar a los 252 venezolanos deportados por EE UU a cambio de la liberación de presos políticos en Venezuela.
Finalmente, el gobierno de Nicolás Maduro envió una carta a la Cancillería salvadoreña, calificando dicha propuesta como un «canje ilegal» y «moralmente inadmisible», al considerar que pretende intercambiar personas inocentes por ciudadanos detenidos por crímenes graves, sin ningún respaldo jurídico ni ético.
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