El mercado del aguardiente estaría en debate para darle un rumbo diferente

En la Corte Constitucional se adelanta un debate que consta de una demanda que pide que los licores, sin importar el origen, puedan ser distribuidos y vendidos libremente en todos los departamentos de Colombia.

De esta manera es que tanto los departamentos como las licoreras solicitan al Alto Tribunal que rechace dicha demanda que busca anular la normativa actual que les autoriza a prohibir la venta de aguardiente procedente de otros departamentos, con el objetivo de preservar la producción local.

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Actualmente en el país existen ocho licoreras: la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, la Fábrica de Licores del Tolima, la Industria de Licores del Valle, la Industria Licorera de Caldas, la Industria Licorera del Cauca, la Nueva Licorera de Boyacá y la Unidad de Licores del Meta.

El mercado del aguardiente en Colombia registró en ventas en el 2023 de 1,3 billones de pesos para los departamentos – reciben ingresos tanto por el impuesto al consumo como por las utilidades que dejan las licoreras-, según con cifras reveladas por el portal Cambio: Antioquia, es uno de los grandes del monopolio de licor pues fue el que más rentas obtuvo por la venta de aguardiente, con 349.736 millones de pesos. En segundo lugar, estuvo Cundinamarca, con 201.717 millones, y seguido de Valle del Cauca, con 140.227 millones de pesos.

Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y previo abogado de la Licorera de Caldas, junto a Jorge Enrique Sánchez, destacado abogado y árbitro, han presentado una demanda contra el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, normativa que regula el monopolio de licores y facilita a los departamentos productores de aguardiente impedir la entrada de destilados de otras regiones. Esta disposición fue concebida para proteger la producción local, impulsando con ello la inversión en salud y educación.

Esta situación llevó a que la Gobernación de Cundinamarca bloqueara la venta del Aguardiente Amarillo de Manzanares, producido por la Licorera de Caldas, desatando un conflicto aún no resuelto. La acción legal de Robledo y Sánchez, sumada a una iniciativa similar por parte del conjuez Julio Andrés Ossa, cuestiona estas restricciones, argumentando que vulneran el principio de libre empresa.

Según los demandantes, la ley favorece la creación de un monopolio que beneficia principalmente a los departamentos más poderosos, utilizando de forma abusiva su autonomía territorial. Dicha situación, argumentan, contraviene la Constitución al fomentar divisiones internas y establecer barreras comerciales entre departamentos, lo que se traduce en una discriminación y desprotección de productos que deberían gozar de libre circulación y competencia.

Las demandas sostienen que la legislación vigente contraviene principios constitucionales básicos al permitir a los departamentos actuar como entidades autónomas con políticas económicas propias, lo que a largo plazo perjudica la escolaridad y la libre competencia.

En el debate sobre la regulación del mercado de aguardientes en Colombia, las posiciones entre la protección de la industria local y la libre competencia se polarizan. La Gobernación de Cundinamarca advierte sobre el riesgo que supondría eliminar la posibilidad de restringir la entrada de aguardientes de otras regiones, lo que podría llevar a la quiebra de la industria licorera local debido a una caída pronunciada en las ventas de su destilado, Néctar.

La aplicación de restricciones ha permitido un aumento significativo en las ventas, reportando incrementos anuales desde 2021.

Por otro lado, la medida ha sido eficaz para evitar la reducción en la producción y comercialización de los aguardientes de la Empresa Licorera de Cundinamarca, aunque se reconoce una tendencia decreciente en el mercado del aguardiente a nivel nacional desde 2017.

Departamentos como Antioquia y Boyacá, que han implementado salvaguardas, también reportan un incremento en las ventas de sus licores, lo que sugiere un impacto positivo de estas restricciones en las finanzas departamentales. En contraste, el Chocó ha visto una reducción drástica en las ventas de su aguardiente local debido a la limitada entrada de destilados externos.

La Industria Licorera del Cauca subraya la importancia del Aguardiente Caucano como fuente de ingresos para el departamento, destacando su contribución a sectores clave como la educación y la salud en una región afectada por el conflicto armado. La posible eliminación de estas restricciones comerciales amenaza la estabilidad financiera de la industria, poniendo en riesgo importantes recursos de libre destinación.

La situación en Antioquia refleja una disminución en las ventas de aguardiente debido al ingreso de productos competidores, aunque se observa un repunte en 2023 atribuible a medidas restrictivas adoptadas por la gobernación.

Departamentos como Nariño y Valle del Cauca también han beneficiado de las restricciones, evidenciando un notable aumento en las ventas de sus destilados locales. La situación actual pone de relieve el dilema entre sostener prácticas proteccionistas que benefician las economías locales y adoptar un enfoque más liberal que fomente la competencia y diversidad en el mercado de aguardientes en el país.