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El juez de la Audiencia Nacional que indaga si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha aceptado la personación en la causa de cuatro de los diputados que supuestamente habrían sido espiados mediante el acceso a bases de datos policiales.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, indican que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, ha dado luz verde así a que se personen Aina Vidal, Joan Baldoví, Félix Alonso y Joan Mena.
El magistrado ha oficiado además a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que le informe sobre las razones y motivos por los que se efectuaron las búsquedas o accesos a las bases de datos policiales respecto de esos cuatro parlamentarios, y advierte de que, con ese resultado decidirá si mantener o no la personación. Añade que hasta que no tenga esa diligencia, ninguno de ellos podrá solicitar diligencias en la causa.
Por otro lado, tras el expurgo correspondiente, ha acordado incorporar a la causa una serie de conversaciones de chat que tuvieron lugar entre el ex secretario de Estado de Seguidad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.
55 DIPUTADOS
Fue el pasado 10 de julio cuando trascendió que Asuntos Internos había informado al juez que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de la formación ‘morada’.
El listado de diputados sobre los que se realizaron consultas, al que también tuvo acceso esta agencia de noticias, indica que, al menos, 55 diputados electos en las elecciones generales de diciembre de 2015 y de 2016 y que pertenecían a Podemos, En Comú Podem, En Marea y Compromís –o a la coalición que formaron– fueron objeto de búsqueda en esas bases de la Policía Nacional.
Así, aparecen nombres como el del que fuera secretario general de Podemos Pablo Iglesias, la exministra de Igualdad Irene Montero, la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
También aparecen nombres como el del portavoz de Sumar en el Congreso y fundador de Podemos, Iñigo Errejón, el que fuera diputado por Compromís Joan Baldoví, la exdiputada Carolina Bescansa o el actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Este informe fue aportado al procedimiento que el juez Pedraz abrió el pasado febrero, cuando admitió parcialmente la querella de Podemos contra Francisco Martínez, Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los cargos de la formación ‘morada’.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admitía entonces la querella de forma parcial y en línea por lo solicitado por la Fiscalía, rechazando investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
En su auto, el juez Pedraz explicaba que una vez examinada la querella y verificado que algunos de los hechos serían competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de infracción penal procedía su admisión, aunque de forma parcial.
En cuanto a los hechos y personas que inadmitía, el magistrado afirmaba que del relato de la querella no aparecía afirmada y sustentada indiciariamente que todos los querellados participaran en sus actuaciones con la finalidad criminal que se imputa.
PIDE INFORMACIÓN A GARCÍA CASTELLÓN
En este sentido, decía, no se aprecia que Fernández Díaz, Cosidó o los excargos policiales Bonifacio Diez Sevillano, José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez López y Mariano Hervás intervinieran en la investigación de hechos relativos a diputados con la finalidad delictiva atribuida en la querella y sin el cumplimiento de las normas legales exigidas para realizar una investigación de los diputados.
«Debe señalarse que ni del ministro Jorge Fernández Diaz o del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se relata más que una suposición de que por los cargos que ostentaban deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos», explicaba el magistrado.
En este sentido, el magistrado solicitaba a su compañero del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, información que obra en la macrocausa ‘Tándem’ -conocida como ‘caso Villarejo– como las diligencias relativas al examen del contenido de los mensajes que hubiera en el móvil de Francisco Martínez.
