El Gobierno recurrirá al TC, y a Estrasburgo si fuera necesario, la derogación de la ley de Memoria de Aragón tras su rechazo a negociar

El Gobierno de Aragón liderado por PP y Vox ha rechazado participar en la Comisión Bilateral convocada por el Ejecutivo central para resolver las discrepancias en torno a la derogación de la ley regional de Memoria Democrática, una norma que fue aprobada en 2018, y se ratifica así en la “plena constitucionalidad” de su revocación. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres había solicitado esa reunión a Aragón con el objetivo de que considerase dar marcha atrás, pero finalmente este jueves declinó participar en ese diálogo, por lo que ahora el Ejecutivo central, tal y como advirtió hace días, recurrirá al Tribunal Constitucional.

Si el Constitucional no fallara a favor, el Gobierno está dispuesto a recurrir a Estrasburgo, según han señalado fuentes de ese mismo ministerio, al tratarse de “una cuestión de derechos humanos”.

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El Ejecutivo central busca desarrollar cuanto antes la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en la pasada legislatura y su intención era que tanto Aragón como Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde también PP y Vox están desarrollando las llamadas “leyes de concordia” en sustitución de las normas regionales de memoria, reconsideren sus planes teniendo en cuenta el duro informe de la Organización de las Naciones Unidas, donde se advierte que pueden “invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos” cometidas durante “el régimen dictatorial franquista”. De hecho, Torres ya informó en el Consejo de Ministros de la semana pasada que había enviado una comunicación a los gobiernos de estas tres regiones para advertirles sobre sus “mal llamadas” leyes de concordia, en las que no se menciona la dictadura o se refieren a ese periodo como una extensión de la Guerra Civil.

El Gobierno, no obstante, sabe que desarrollar la ley de Memoria Democrática es una tarea “no solo depende de su voluntad”, y aunque las comunidades autónomas no pueden dejar sin efecto una norma estatal como es el caso, sí pueden hacer más difícil su implantación, eliminando por ejemplo subvenciones las asociaciones memorialistas o poniendo trabas para que sea más difícil abrir fosas comunes. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática apuntan a Vox como el partido que está marcando el paso.

Los tres relatores de Naciones Unidas que han elaborado el informe, que da respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de la concordia, recuerdan que todos los poderes del Estado español así como entidades nacionales, regionales o locales, “deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos”, y señalan que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.

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Los especialistas de la ONU han identificado que estas legislaciones promueven la eliminación de diferentes iniciativas dedicadas a la Memoria, como proyectos, sitios web y actividades, lo que representa un riesgo para la libertad de acceso a la información. Han destacado, además, la importancia de distinguir y reconocer adecuadamente a las víctimas de Derechos Humanos, criticando cualquier intento de igualar los crímenes de la dictadura con otros delitos cometidos en España a lo largo del siglo XX.