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El Gobierno está negociando con el Vaticano la salida del Valle de los Caídos de la congregación de monjes benedictinos que lo habita y espera hacerla efectiva para finales del próximo año 2025, según indican fuentes del Ejecutivo.
En Moncloa son conscientes de la dificultad que entraña esta operación y admiten que si los monjes no quieren irse será difícil echarlos. Por tanto, tratan de contar con la complicidad de la Santa Sede, una tarea que ha asumido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como responsable de las relaciones con la Iglesia, según precisan las citadas fuentes.
La lógica con la que trabaja el Gobierno es que si los monjes se resisten a salir, como parece que sucede en este momento, es necesario un acuerdo previo con el Vaticano que tenga que ser acatado por los benedictinos.
«NO PUEDEN ESTAR EN ESE EMPLAZAMIENTO»
En cualquier caso, el Gobierno ha dejado clara su intención de que la congregación abandone Cuelgamuros, tal como indicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres hace unas semanas en el Senado, donde explicó las líneas maestras de su departamento para la legislatura.
«No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos», aseguró el ministro que también dejó claro que la identificación del Estado con una determinada confesión religiosa «ha quedado superada».
En esa intervención, además, apuntó que la posición de la Iglesia Católica respecto al Estado y a la sociedad se verá reforzada con la «cooperación» para reubicar a los monjes, un argumento que el Ejecutivo podría poner encima de la mesa en sus conversaciones con el Vaticano.
Para el Ejecutivo este paso es imprescindible para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática y recientemente ha constituido formalmente la comisión interministerial dedicada a la resignificación del Valle de Cuelgamuros para su transformación en un centro de interpretación.
50 AÑOS DE LA MUERTE DE FRANCO
Los planes de Moncloa pasan por convocar un concurso internacional para plantear qué debe ser este lugar a partir de ahora que afectará a todos los espacios, tanto la basílica y la cripta como la presa fluvial o la tienda que existe en este momento. Unos planes en los que no tienen cabida los monjes que actualmente residen en el Valle.
La fecha límite que tiene marcada el Gobierno, finales de 2025, no es baladí pues, según indicó previamente el ministro Torres, pretenden incluir la resignificación del Valle en los actos que prepara el Ejecutivo por los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y el restablecimiento de la democracia en España.
El Gobierno pretende aprovechar esa fecha para llevar a cabo una serie de «actos importantes» y también llevar a las aulas los 50 años del fallecimiento de Franco para que los estudiantes tomen conciencia de lo que supone vivir en libertad y en democracia.
