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El director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Javier Ureña, ha defendido este lunes su apuesta por la anulación del contrato de 3,7 millones que pagó el Govern de Francina Armengol a Soluciones de Gestión, la empresa de la ‘trama Koldo’, por el millón y medio de mascarillas que le compró en 2020 y ha apuntado que los propios ex altos cargos del anterior ejecutivo socialistas están dejando «sin sentido» la primera reclamación parcial que presentaron y de la que el equipo de Marga Prohens decidió desistir.
Así lo ha dicho durante su intervención inicial ante la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia.
«UNA HERENCIA ENVENENADA ESCONDIDA EN UN CAJON»
Ureña ha explicado que durante el traspaso de poderes tras la llegada del PP al Gobierno autonómico en 2023, nadie les informó de que se había abierto un expediente para reclamar a Soluciones de Gestión 2,6 millones de euros por haber recibido mascarillas de inferior calidad a las que se contrataron, pues se habían pedido FFP2 pero les mandaron KN95, que consideraron «equivalentes a quirúrgicas».
«En agosto de 2023 nos encontramos con una situación de herencia envenenanda, que estaba oculta, escondida en un cajón», ha señalado, subrayando que el Govern socialista no les informó de ese expediente ni de el certificado de conformidad que en agosto de 2020 dio por bueno el contrato.
Esos 2,6 millones que se reclamaron en un principio eran la diferencia entre lo que costaban las mascarillas que se pidieron y las que les llegaron. Ureña ha defendido que, en contra de lo que sostiene el PSOE, su equipo no dejó «caducar» aquel primer expediente, sino que decidió «desistir» del mismo para iniciar uno nuevo por el total de los 3,7 millones que pagó por todas las mascarillas.
NI SOLVENCIA TÉCNICA NI FINANCIERA
El actual Gobierno balear toma esa decisión tras constatar que existe un «vicio de nulidad» en «la perfección» del contrato con Soluciones de Gestión puesto que el objeto social no se ajusta a la compra y «parece que la empresa carece de objeto social, solvencia técnica y solvencia financiera para asumir un contrato como el que se le adjudicó».
«Se desiste de la reclamación parcial porque el vicio de nulidad es anterior haría decaer administrativamente todo el expediente», ha detallado Ureña, incidiendo en que la primera reclamación «ningún caso» caducó ni se dejó «caducar» y que el Consell Consultiu de Baleares ya ha dejado claro que había ocho meses para reclamar, hasta el 29 de enero de este año.
Además, ha destacado que ahora, ex altos cargos del Govern de Armengol, están declarando en esta y en otras comisiones que las mascarillas «sí que eran KN95 y perfectamente válidas», lo que, desde su punto de vista «deja aquella reclamación en algo así como un sinsentido» y «sin ninguna posibilidad de prosperar».
«En las comparecencias que están haciendo en esta comisión y en otras los responsables de aquella compra, incluso al más alto nivel político, están diciendo que efectivamente eran KN95 –ha indicado–. Entonces esa reclamación es un absoluto sinsentido, porque precisamente están reclamando lo contrario».
SUS PALABRAS DEJAN TODO EN PAPEL MOJADO»
Según ha reseñado, «sin entrar en si, efectivamente, esas mascarillas eran o no eran KN95 válidas», lo que vienen diciendo los exresponsables socialistas vincula a la actual administración. «Y que ahora digan todos, sin duda, que eran mascarillas KN95, que es lo opuesto a lo que defendían en la propuesta de reclamación –ha abundado–. Dejan todo en papel mojado».
Asimismo, Ureña ha asegurado que hasta el pasado 21 de febrero su participación en el expediente fue meramente «institucional» y que nunca dio ninguna instrucción sobre el mismo, «y menos que se dejara caducar».
Para el PP, por boca del diputado, Pedro Muñoz Abrines, la versión de lso comparecientes del Govern socialista, incluyendo Armengol, «se va derribando como un castillo de naipes» y sus actuaciones sólo buscan evitar que les exijan responsabilidades.
Según el representante de Vox, Jorge Campos, el Gobierno de Armengol «es quien mejor ha tratado a la empresa origen de la trama corrupta».
