Foto: EFE
El 28 de Julio de 2024 quedará registrado en la historia de nuestra Venezuela como el gran día de la civilidad. La fecha en la cual la nación entera se movilizó pacíficamente para expresarle a la camarilla roja su profundo rechazo y sobre todo su anhelo de vivir en paz, libertad y bienestar.
Superando los más complejos obstáculos la sociedad democrática logró un hito de organización, participación y unidad. Esas características constituyen la esencia del espíritu nacional puesto de manifiesto en esa memorable fecha. La dictadura madurista aplicó todos los métodos, fundamentalmente los más perversos e inmorales, para dividirla y evitar su participación. Aun así perseveramos en nuestra estrategia y derrotamos voto a voto a Maduro y su camarilla.
Al persuadirse de su inminente derrota la cúpula roja preparó su macabro plan del fraude. Un plan criminal, donde la violencia y el uso ilegal de los poderes públicos constituyeron su eje fundamental. En efecto, tal como pudimos presenciar a lo largo del proceso, trataron de crear los elementos con los cuales justificar su zarpazo a la voluntad popular.
Exigieron firmar un documento donde los candidatos participantes se comprometían a aceptar los resultados que en su momento anunciaría el CNE. Ya el mismo ente presagiaba lo que se traían entre manos. En las 12 horas previas al inicio del acto de votación, ordenaron a sus funcionarios electorales no entregar la copia del acta que la ley ordena consignar a los testigos de los principales candidatos. El día del proceso, es decir, el 28 de julio, se le impidió de forma violenta el ingreso a las instalaciones del CNE, y concretamente a la sala de totalización, a los testigos del candidato ganador Edmundo González Urrutia. La noche del 28 de julio se anuncia un supuesto ataque cibernético a la plataforma tecnológica del CNE y acto seguido el fraudulento resultado.
La camarilla sabía perfectamente que ese fraude sería rechazado por la ciudadanía en las calles. Por eso tenían preparados los escuadrones de la muerte, conocidos como colectivos, que fueron desplegados, junto a organismos de seguridad y de policía, para disolver a disparos abiertos las manifestaciones de una población, que pudo ver en cada centro de votación, como Maduro había sido barrido en la inmensa mayoría de los centros de votación. En esa operación perdieron la vida más de veinticinco personas en diversas comunidades del país.
La proclamación del fraude se produce en las siguientes horas. Acto seguido el beneficiario del mismo acude a la Sala Electoral para que esta lo avale. Violando todo el ordenamiento jurídico positivo y la jurisprudencia en materia electoral, pero sobre todo la más elemental lógica, la sala en cuestión sentencia que efectivamente el derrotado en las urnas se le admitía como “ganador”. Luego la Sala Constitucional, destruyendo los más elementales principios del derecho, avala igualmente el fraude. Con esas sentencias el aparato judicial, sumiso a las órdenes de Miraflores, lanza su plan de judicialización y criminalización a los más de 2.000 presos capturados en los días siguientes al 28 de julio.
En adelante todo el trabajo de los usurpadores y sus colaboradores ha sido el de aplastar ese espíritu democrático y civilista. El despliegue de la violencia del Estado contra la sociedad a lo largo de estos meses ha estado dirigido a desarticular la organización ciudadana y a sembrar el terror y el miedo. La tarea se busca complementar con una operación dirigida a pasar la página del evento cívico del 28 de julio mediante la celebración de una simulación de elección parlamentaria y de gobernadores en las que se anuncia como requisito fundamental admitir al usurpador como el “legítimo” ganador de la elección presidencial y admitir nuevamente a los ejecutores del fraude, es decir al actual CNE, como árbitros de dicho proceso.
El objetivo es muy claro: olvidar el fraude. Transmitir al país y al mundo una supuesta normalización de la vida política, y dejar sentado que debemos admitir por seis años más a quienes se robaron una elección de tal jerarquía y son responsables de la destrucción de nuestro país.
Por ello los ciudadanos conscientes y amantes de nuestra Venezuela debemos mantener en alto el espíritu de unidad y compromiso democrático que nos condujo al 28 de Julio. Defender la verdad de aquella jornada. Exigir el respeto de nuestros derechos fundamentales, lo cual significa restituir la vigencia del estado de derecho. Acompañar la lucha por la libertad de los presos políticos convertidos en sujetos de canje por la cúpula roja, situación puesta de manifiesto con la reciente entrega al enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, de cinco ciudadanos de ese país que tenían en prisión. Maduro ante el poder de un país como Estados Unidos, libera de forma expedita a esos ciudadanos. A los nuestros, les niega esa libertad, pero además le niega el derecho a la defensa, a comunicarse con sus familiares y en muchos casos, el derecho a la salud, habiéndose ya producido la muerte de varios de ellos en sus cárceles.
En esta hora oscura de nuestra Venezuela no hay espacio para la doble moral, no hay forma de justificar la inexistencia de garantías políticas y jurídicas para el ejercicio de la ciudadanía. De ahí la importancia de mantener vivo ese espíritu de unidad, civilidad y compromiso que nos dejó el 28 de julio. Los actores políticos que están olvidando ese compromiso recibirán el castigo del rechazo ciudadano.
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