La vida de José David Crespo cambió la tarde del 30 de julio cuando fue detenido junto con su padre por fuerzas de seguridad de Venezuela. A Crespo lo trasladaron al retén El Manzano, en el estado Lara, donde continúa recluido. Hace una semana cumplió 15 años de edad estando preso y acusado de terrorismo.
Crespo es parte de los 69 menores de edad que continúan privados de libertad en Venezuela tras el contexto poselectoral, según contabiliza la ONG Foro Penal. Se les señala de múltiples delitos, entre ellos incitar al odio, rechazar los resultados electorales en contra de Nicolás Maduro, terrorismo y otros más.
“Mi hijo no es un terrorista”, repite Marbelin Camacaro, madre de Crespo. Embarazada, ahora le ha tocado la incertidumbre de tener preso a su esposo y a su hijo.
Camacaro cuenta que ambos estaban el 30 de julio en la avenida 14 de febrero a eso de las 5:00 pm. El padre y el niño se dirigían a buscar un dinero para comprar materiales de construcción, pues a eso se dedica el hombre, pero de manera arbitraria se los llevó la policía.
Ahora el adolescente ya tiene indicación de que pasará a juicio -al igual que su padre, detenido en otra cárcel-, pero no se ha fijado fecha para el procedimiento.
Las autoridades venezolanas afirman que los detenidos no son niños y deben pagar por lo que hicieron. “¿Dónde estaban los padres de esos niños el 29 y 30 de julio? ¿Dónde estaban? Se van a preocupar ahora de sus hijos. Deberían haberse preocupado antes”, dijo el miércoles Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz.
#ÚLTIMAHORA Diosdado Cabello admitió que tienen niños presos: «¿Por qué los padres no les pusieron reparo a sus hijos?» https://t.co/HeU2Mzeyn8 pic.twitter.com/pIlTANXgDJ
— Monitoreamos (@monitoreamos) November 14, 2024
El presidente Nicolás Maduro llamó a los jueces a rectificar si alguna detención era indebida.
Tras ello, algunas madres fueron citadas a la Fiscalía en Caracas, con la esperanza de que sus hijos sean liberados, pero no ha ocurrido.
La Organización de las Naciones Unidas afirma que encerrar a un niño en prisión nunca es beneficio para el menor de edad. También establece que es niño todo aquel menor de 18 años de edad. Sin embargo, el fiscal general de la República, en Venezuela, asegura que no hay ningún niño privado de su libertad.
Fiscalía se compromete a revisar casos
Este viernes, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la revisión de los casos de 225 detenidos durante las protestas poselectorales de julio.
“Considerando que Venezuela se erige sobre valores superiores como la vida, la justicia y los derechos humanos, así como el debido proceso consagrado en el articulo 49 de la carta magna. destacando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por jueces naturales, se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos”, leyó Saab en conferencia de prensa.
Amnistía Internacional: “Venezuela ha ido de mal en peor”
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, denunció en una entrevista con Efe en Lisboa que Venezuela ha ido de mal en peor en lo que respecta a derechos humanos y que no ha habido progresos en la última década.
Callamard subrayó que su organización tiene “el mismo diagnóstico” sobre el país latinoamericano que el presentado recientemente por una misión expertos independientes, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según la misión, Venezuela ha sufrido una de las crisis de derechos humanos más graves tras las elecciones del 28 de julio, en las que se proclamó vencedor el presidente Nicolás Maduro en un controvertido anuncio, pues la oposición rechaza el resultado y ha denunciado fraude.
Callamard subrayó que AI ha llevado a cabo una investigación “a fondo” en los últimos cinco años y que ha encontrado “pruebas” de crímenes contra la humanidad cometidos en territorio venezolano, “en particular persecución con motivos políticos”.
“Hemos hallado pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, estigmatización de los defensores de derechos humanos y arrestos de gente por disentir de las autoridades”, enumeró Callamard, quien remarcó que “en el período poselectoral la represión ha escalado” y se ha visto “un deterioro marcado”.
Recordó que cerca de 2.000 personas que fueron apresadas tras los comicios siguen detenidas, entre ellas activistas pro derechos humanos.
“Sabemos que al menos 25 personas han fallecido por el uso de fuerza letal, incluidos menores -agregó-. Sabemos que se ha adoptado una ley anti-ONG; que se ha maltratado a menores que siguen detenidos”.
Esta situación también ha afectado a AI:
“Nuestros colegas de Amnistía Internacional han tenido que marcharse, han tenido que tomar muchas precauciones para continuar su trabajo”, dijo Callamard.
Ante este panorama, la organización pide “la liberación incondicional de quienes estén detenidos por la expresión pacífica de sus puntos de vista políticos o de otro tipo”.
“Debemos pedir el fin de las detenciones arbitrarias, debemos pedir rendición de cuentas por todo lo que ha pasado…”, subrayó la secretaria general de AI.
Callamard opinó que el régimen de sanciones contra Venezuela “funciona moderadamente”, pues durante y después de la pandemia, y a lo largo de la guerra en Ucrania, “Venezuela y el petróleo venezolano se han convertido en un atractivo interesante, incluso para aquellos que querían condenar a Venezuela”.
“Por tanto, esta es una de esas crisis de derechos humanos proactivas y parece que ahí tampoco hay un final a la vista”, zanjó la activista.
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