En Venezuela, en estos 25 años de régimen chavo-madurista, se instaló en el poder estatal una pandilla cívico-militar que ha instituido como herramientas el chantaje y el fraude, para la preservación del poder. El comportamiento de la pandilla es de carácter criminal, no se paran en ordenar secuestros, asesinatos, encarcelamiento arbitrario, expropiaciones y terrorismo de Estado para atemorizar a la población. Son miles los casos de violación de derechos humanos, miles de denuncias sobre torturas y trataos crueles, los cuales les sirven de referencia para chantajear. Pues, si no te sometes, sabes que hacemos todas esas cosas. He conversado con muchas personas opositoras que permanecen en silencio, la razón que me han dicho es que temen por sí y por la familia, porque estamos ante gente en el poder sin escrúpulos.
A raíz de la contundente paliza propinada por el pueblo venezolano al candidato de la pandilla, esta desató una perversa represión y apresó a miles de ciudadanos, incluidos niños, adolescentes y discapacitados, para chantajear a las madres y padres, y enviar el mensaje “que no tienen límites para actuar” y aterrorizar a la población.
Concurrente con el robo electoral dirigieron su quehacer fraudulento contra dirigentes opositores, inventando expedientes, fabricando pruebas a su antojo, instruyendo casos con quiebre total del debido proceso para tipificarles delitos solo existentes en sus pervertidas mentes. Para muestra un botón, el jefe de los sicarios judiciales imputó a Edmundo González. los delitos de homicidio y terrorismo. No me cabe duda de que esa implicación conllevaba que Edmundo era un sujeto peligroso, por si lo mataban, justificarían que se había resistido a la aprehensión, había abierto fuego contra los agentes y había herido a algunos; como prueba presentarían fotos de metralletas, pistolas y granadas. Es evidente, no solo Edmundo, muchos temíamos por su vida. Jurídicamente, muerto Edmundo, no hay presidente legítima y legalmente electo.
Después ha venido la más burda maniobra de chantaje y fraude. Ha sido un acto que ha quebrantado normas de derecho internacional público y derecho penal internacional. Un acto más que desnuda el talante inescrupuloso y chantajista de la pandilla cívico-militar. No hay justificación jurídica y razonable para que hayan aparecido en la residencia del embajador español la dupla siniestra de los Rodríguez.
El derecho de asilo es un derecho internacional de los derechos humanos, que puede disfrutar cualquier persona en caso de persecución política. El derecho de asilo está regulado por el Derecho Internacional y es una obligación de los Estados. Queda recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo (Nueva York de 1967).
Era notorio, incluso comunicacional, por información suministrada por el FGR, que Edmundo estaba perseguido por causa política, por ende, procedente su petición de asilo. Acorde al Derecho Internacional, la Embajada de España estaba obligada a preservar su vida y evitar cualquier tipo de coacción. Lo acontecido nos hace inferir, racionalmente, la existencia de una funesta componenda entre personajes españoles y los malandrines hermanos Rodríguez. No tiene ningún sentido que una persona, más con conocimiento en la diplomacia, solicite asilo y deba firmar documentos favorables a quienes lo están acosando y están acusando de crímenes. Nadie tiene duda de que hubo una extorsión en colaboración con personajes españoles (Rodríguez Zapatero y el embajador Santos), sin descartar que haya aparecido un alacrán venezolano.
Conforme al Derecho Internacional, cualquier acto de intimidación, violencia, secuestro, llevado a cabo por personas actuando en calidad oficial, en contra del sujeto asilado, son actos claramente violatorios de la soberanía territorial y por lo tanto hechos ilícitos que generan la responsabilidad internacional. Es más, consideramos que los malandrines Rodríguez, como altos funcionarios del Estado venezolano y actuando en representación de él, con ese acto de coacción y chantaje, han incurrido en el delito previsto en el literal “k” del artículo 7.1 del Estatuto de Roma calificado como lesa humanidad “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Delito continuado porque han persistido en la extorsión y fraude.
Haber forzado a Edmundo a firmar un documento bajo amenazas y coacción psicológica, para tratar de legitimar el robo electoral cometido contra la soberanía popular es un gigantesco fraude encaminado a engañar a la opinión pública. Jurídicamente, no tiene validez formal porque el consentimiento ha sido arrancado por extorsión, pero, además, su contenido es inválido, pues los resultados electorales no son disponibles a la voluntad personal, es un acto público que tiene su regulación legal en el Derecho Público.
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional
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