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Así se desprende de la reforma a la Ley Bitcoin que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó este miércoles.
Con la modificación de seis artículos y la eliminación de tres de la pionera legislación aprobada en septiembre de 2021, el criptoactivo deja de ser moneda oficial, su uso queda relegado a intercambios entre ciudadanos y empresas privadas, y su aceptación pasa de ser obligatoria a voluntaria.
El proyecto de reforma fue presentado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, a petición del presidente Bukele, quien, a pesar de ser muy activo en las redes sociales, no se ha hecho eco del tema.
Y tiene lugar en un contexto económico complicado para el país y en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de US$1.400 millones, para el cual la entidad puso como una de las condiciones «mitigar los riesgos del bitcoin».
En diciembre el organismo internacional y las autoridades salvadoreñas llegaron a un acuerdo técnico al respecto, pero El Salvador debía cumplir los requisitos establecidos para que el directorio ejecutivo del FMI lo aprobara definitivamente este febrero.
Una redacción confusa
La reforma no tardó en generar confusión y críticas por la nueva redacción de algunos de los artículos.
El que más desconcierto generó fue la modificación al primer artículo de la ley, del que se eliminó el término «moneda», pero se dejó «de curso legal».
«¿Qué es eso de que el bitcoin se regula como ‘de curso legal’?», se preguntaba el abogado constitucionalista Enrique Anaya sobre ello.
«La clave es que desaparece el concepto de moneda», le aclara a BBC Mundo la economista Julia Evelin Martínez.
«Por ejemplo: el euro es de curso legal en el país porque las personas pueden usarla de manera opcional si ambas partes están de acuerdo, pero no es moneda de curso legal porque nadie está obligado a aceptar pagos en euros», explica Martínez, quien desde 1998 y hasta el año pasado fue catedrática e investigadora en el departamento de economía de la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA).
Con ella concuerda el economista Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.
«Ese es el espíritu de la reforma, aunque la redacción sea tan confusa y oscura».
Antes de la reforma, la ley obligaba a los comercios, empresas e instituciones públicas a recibir la criptomoneda a menos que no tuvieran la tecnología para realizar las transacciones. Ahora, la aceptación pasa a ser voluntaria.
Asimismo, ya no se podrán pagar impuestos con bitcoin y el Estado ya no podrá hacer sus pagos de deuda con la criptomoneda.
«Las obligaciones monetarias del estado, domésticas y externas, deberán ser pagadas en las monedas que fueron contraídas», señala ahora el artículo 12.
Ni Bukele ni la bancada de su partido en la Asamblea, Nuevas Ideas, han hecho comentarios al respecto.
Bitcoin Beach, en El Zonte, es el centro del uso de la criptomoneda en El Salvador – Reuters
Sin embargo, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, respondió a los periodistas en el marco del evento Plan B, una conferencia especializada en bitcoin.
Mayorga dijo que, a pesar de la «confusa redacción», El Salvador sigue siendo «Bitcoin Country», porque posee una reserva en criptomoneda que va a seguir ampliando.
«Hay que irse adaptando a la coyuntura del momento y esta es la decisión que se tomó en la Asamblea, pero eso no quiere decir que el país vaya a dejar de tener una reserva bitcoin», explicó.
«Más ahora que Estados Unidos está siendo más amigable, no solamente con el bitcoin, sino con cualquier otra (cripto) moneda».
El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en 2021.´
Dos años después, BBC Mundo pudo comprobar en terreno que el uso de la criptomoneda era anecdótico, a pesar de que los analistas y autoridades concuerdan que ha servido como reclamo sobre todo turístico.
El «bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos», le confesó el propio Bukele a la revista Time durante una entrevista publicada hace unas semanas.
Economía en lento crecimiento
Con la Ley Bitcoin reformada, se allana el camino a la concesión del préstamo por parte del FMI, que podría aliviar el panorama de una economía poco dinámica y altamente endeudada como es la de El Salvador.
Más si abre las puertas –como dijo el FMI en diciembre, cuando se llegó al acuerdo técnico— a un apoyo adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades regionales para un paquete de financiación que supere los US$3.500 millones.
Aunque el reto sigue siendo enorme.
El Salvador fue, por quinto año consecutivo, la economía que menos creció de la región.
Asimismo, importa más que exporta, lo que llevó al país a tener en 2023 un déficit de la balanza comercial de más de US$8.000 millones.
Eso, en parte, se compensa con las transferencias que reciben los salvadoreños de sus familiares en el exterior. En los primeros siete meses de 2024 las remesas alcanzaron un monto de US$4.756 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Mientras, el 52% de la población (3,3 millones de personas) se mantiene en una situación de estrés alimentario; es decir, se ve en aprietos para conseguir comer todos los días.
Y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su última investigación sobre los puntos críticos del hambre a nivel mundial, incluyó a El Salvador como país a monitorear.
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