Al periodista Álvaro Pérez, lo amenazaron, intimidaron y atentaron contra su vida en la ciudad colombiana de Arauca, en la frontera con Venezuela. Kilómetros más allá, hacia el noreste, en la ciudad de Cúcuta, el reportero Marlon Moyano, también fue agredido. Y en la localidad de Purificicón, Tolima, Sergio Buelvas fue blanco de ataques y amenazas por sus investigaciones periodísticas.
Los tres tienen en común la historia de haber recibido diversas amenazas de grupos ilegales, líderes políticos, miembros de la fuerza pública y de funcionarios de entidades estatales en Colombia, que de acuerdo con la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF), es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo después de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras o México.
“En 1985 sufrí un atentado por parte de grupos armados. Luego empezaron a llegarme panfletos amenazantes, así fue durante un tiempo hasta que logró la guerrilla sacarme. A mí me sacaron por amenazas la guerrilla en 1995 y me voy”, cuenta a la Voz de América, Álvaro Pérez.
El periodista retornó a Arauca en 2007 y hoy sigue ejerciendo su profesión bajo un esquema de protección en ese convulso departamento, una de las zonas con mayor presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos en Colombia, el 37 % de los periodistas han sufrido vulneraciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Además, el 17 % de los comunicadores reportó sufrir algún tipo de vulneración a su integridad psicológica, moral y al buen nombre.
Es el caso de Marlon Moyano, a quien la guerrilla del ELN, a través de diversas amenazas, le ordenó eliminar las publicaciones en las que se hacía referencia al grupo en su portal de noticias en Facebook.
“Hago parte de la larga lista de periodistas amenazados en Cúcuta, en lo particular me ordenaron borrar todas las publicaciones e investigaciones que hemos hecho sobre el ELN con relación a todas las actuaciones delictivas que se estaban llevando a cabo en el municipio del Zulia, en el Área metropolitana de Cúcuta”, comentó Moyano a la VOA.
De las amenazas, la mayoría se genera a través de intimidaciones verbales, que continúa siendo el mecanismo más usado para amenazar a periodistas, seguido de las nuevas tecnologías, que se han posicionado como el medio más común para agredir a los reporteros, desplazando panfletos, que era uno de los mecanismos más recurrentes para ejercer amenazas.
“El último inconveniente que tuve en materia de comunicación fue con un alcalde del municipio donde estoy residiendo a quien se le hicieron unas críticas por unos recursos públicos y emitimos algún concepto o comunicamos algo relacionado con el tema, y terminamos siendo blanco de amenazas”, dijo a la VOA el periodista Sergio Buelvas.
“Nosotros seguimos trabajando en esta actividad periodística entendiendo que es un ejercicio de alto riesgo pero siempre con pie firme a pesar de las amenazas de las audiencias o de personas que tienen intereses particulares”, agregó Buelvas.
Por último, precisa la Defensoría que el 55 % del total de los casos de amenazas no se denuncia ante las autoridades porque en muchos casos “no se reciben las denuncias y no se brindan los mecanismos de protección por la capacidad limitada del Estado para poder ofrecerles protección”.
“En las zonas donde hay mayor conflictividad es donde se están generando los riesgos a los periodistas, allí donde recogemos la misma información por amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos también se presentan las mayores intimidaciones a periodistas”, concluyó Julio Solano, delegado de libertad de expresión de la Defensoría.
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