Kilmar Armando Ábrego García, salvadoreño bajo estatus legal protegido, fue deportado a El Salvador junto con cientos de otros presuntos pandilleros el 15 de marzo. El gobierno estadounidense admitió que se produjo la deportación por un «error administrativo» por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el cual se encontraba al tanto de su protección contra la expulsión.
Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que debido a que Abrego García ya no está bajo custodia de Estados Unidos, el tribunal no puede ordenar que sea devuelto a Estados Unidos ni puede ordenar a El Salvador que lo devuelva.
«Este individuo que fue deportado a El Salvador, y no regresará a nuestro país, era miembro de la brutal y viciosa pandilla MS-13», dijo. Lo calificó incluso de «cabecilla».
Además, afirmó que «tenemos (información de) inteligencia creíble que demuestra que este individuo estaba involucrado en el tráfico de personas».
Al ser consultada por periodistas si el hombre había sido condenado por un tribunal, la funcionaria contestó que «hay un montón de pruebas en el Departamento de Seguridad Interior» y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) «tiene esas pruebas».
Abrego estaba protegido pero fue deportado
Kilmar Abrego García llegó a Estados Unidos alrededor de 2011, tras evadir el control migratorio en la frontera, reseñan medios estadounidenses. Se había marchado de El Salvador huyendo de la violencia. Se radicó en el estado de Maryland. Según documentos judiciales, escapó del país luego de sufrir acoso, agresiones y amenazas de muerte o secuestro por parte de pandillas que intentaban extorsionarlo.
En 2019, recibió una citación para comparecer en un proceso de deportación, en el que ICE lo acusó de pertenecer a la pandilla salvadoreña MS-13.
No obstante, sus abogados aseguran que no tiene antecedentes penales ni vínculos con grupos criminales. Alegan que la acusación se basa en una detención endeble, en la que fue señalado por la policía prácticamente solo por vestir ropa de los Chicago Bulls mientras buscaba empleo frente a un Home Depot. ICE, por su parte, sostiene que un informante confidencial identificó al hombre como integrante de MS-13.
El hombre ni fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen.
«Un montón de pruebas» tiene EE UU
El vicepresidente JD Vance echó más leña al fuego este martes en las redes sociales.
«Los medios de comunicación han determinado que las verdaderas víctimas son los pandilleros que estamos intentando sacar del país», afirmó.
La esposa del salvadoreño, la estadounidense Jennifer Vasquez Sura, que según la prensa identificó a su marido por una foto entre los detenidos trasladados a la megacárcel salvadoreña Cecot, y su hijo, un niño con «discapacidad», según documentos judiciales, demandaron al gobierno.
Denuncian que el salvadoreño fue expulsado «sabiendo que sería encarcelado y torturado de inmediato» y piden una «inmediata reparación judicial», se lee en la demanda.
Grupos de defensa de los derechos humanos, la oposición demócrata e incluso algunos republicanos acusan al gobierno de haber enviado a migrantes en situación irregular a El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798, hasta entonces solo aplicada en tiempos de guerra, o basándose en elementos triviales como los tatuajes.
Los abogados de varios de los más de 200 venezolanos deportados a El Salvador el 15 de marzo aseguran que sus clientes no son miembros de la pandilla Tren de Aragua, no han cometido ningún delito y fueron tomados como blanco principalmente por sus tatuajes.
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