El Departamento de Estado canceló abruptamente programas de ayuda exterior para apoyar a activistas de la oposición, presos políticos y grupos religiosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha generado inquietudes sobre un cambio en la política exterior de Estados Unidos.
Programas de apoyo a los presos políticos en Cuba, a grupos religiosos que se oponen a Daniel Ortega en Nicaragua y a activistas que resisten la toma de poder de Nicolás Maduro en Venezuela fueron cancelados después de que una revisión del Departamento de Estado concluyó que no eran de “interés nacional” de Estados Unidos.
No importó que los programas fueran manejados por el Instituto Republicano Internacional, una organización sin fines de lucro vinculada al partido en el poder, o que estuvieran enfocados en promover la democracia en países autoritarios.
Todos menos tres de los 95 programas del Instituto financiados con subvenciones del Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) fueron cancelados, según varias fuentes familiarizadas con los recortes que pidieron no ser identificadas para discutir el delicado tema.
Los tres programas restantes, relacionados con grupos en Venezuela, están en pausa, siguiendo una directiva del Departamento de Estado para implementar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de congelar todos los fondos de ayuda extranjera durante 90 días.
El resto de los 175 programas del Instituto en todo el mundo también están en el limbo porque dependen de fondos asignados directamente por el Congreso a la Fundación Nacional para la Democracia (NED). La NED ha dicho que no ha podido acceder al dinero.
Como resultado, dieciocho programas que el Instituto Republicano Internacional estaba apoyando en América Latina han “quedado a oscuras”, ya sea suspendidos o congelados, dijo una de las fuentes. Las notificación de cancelación, enviadas el viernes por el Departamento de Estado y USAID, actualmente subordinada al Departamento de Estado, indicaron que los contratos “no estaban alineados” con las prioridades de las agencias y no eran “de interés nacional” tras una revisión, dijo la fuente.
Fuente: El Nuevo Herald
