El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere convencer a sus aliados de que el cisma causado por el asalto a la Embajada de México para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, fue un acto de compromiso en la lucha contra la corrupción y en respuesta a lo que considera una infracción de México a los estatutos internacionales que regulan el derecho de asilo.
EFE
Bajo esta premisa la Administración del presidente ecuatoriano, de 36 años, buscará defender la insólita irrupción a la sede diplomática de México, que ha recibido un amplio repudio y condena de la comunidad internacional, pues numerosos países ven que se ha traspasado una línea roja al entrar a la fuerza en una embajada extranjera.
También, según dijo este lunes la canciller, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista con la televisión Teleamazonas, el Gobierno aseguró tener indicios de un riesgo inminente de fuga de Glas.
Para el Ejecutivo ecuatoriano, el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador transgredió el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Asilo Político de 1993.
En estas se señala que «no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes», según recordó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en un comunicado emitido el domingo en español y en inglés para explicar su proceder a la comunidad internacional.
Dos condenas y una imputación
Antes de que Glas solicitara asilo a México, ya estaba imputado por un presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el fuerte terremoto de 2016.
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, ya que fue rechazada su solicitud de acceder al beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’ tras haber cumplido ya en prisión cerca de cinco años, entre 2017 y 2022.
Sin embargo, Glas siempre ha rechazado todas las imputaciones y acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), al igual que el resto miembros del correísmo que están procesados y condenados, como el propio Correa (2007-2017), que reside en Bélgica desde 2017 donde cuenta con la condición de refugiado.
Tanto ahora como entonces, el Gobierno de Ecuador manifestó «de manera categórica que es un país respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas».
«Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático (a Glas) no sólo es un acto ilícito de México en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el numeral 3 del artículo 41 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión», sostuvo la Cancillería ecuatoriana.
Ecuador denuncia intromisión en asuntos internos
Y es que el asalto policial a la Embajada de México para una persona que acababa de recibir el asilo se dio un día después de que el Gobierno de Noboa expulsara a la embajadora mexicana, Raquel Serur, por unas declaraciones de López Obrador que consideró como inadmisibles.
En ellas, dentro del contexto del proceso electoral en México, López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador con el resultado final de los comicios, donde Noboa se impuso en la segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González.
Esto es calificado por la administración de Noboa como una intromisión a asuntos internos de Ecuador e interpretado como una transgresión a la Convención de Viena sobre la que México denuncia al país andino por el asalto a su embajada en Quito.
«El presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador y, paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el Gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político», señaló el Ministerio de Exteriores ecuatoriano.
Sommerfeld agregó en la entrevista que hubo pedidos para que aviones oficiales de México aterrizaran en Quito para trasladar a la delegación diplomática que había sido expulsada.
La OEA abordará la crisis
En Ecuador está todavía muy fresco el caso de la exministra correísta María de los Ángeles Duarte, que tras más de dos años alojada en la residencia del embajador de Argentina recibió asilo y, ante la negativa del entonces presidente Guillermo Lasso para darle el salvoconducto que le permitiera salir del país, supo burlar a las autoridades para llegar hasta Venezuela.
Estos argumentos serán expuestos por el Gobierno ecuatoriano en las reuniones que se celebrarán esta semana en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la crisis entre Ecuador y México.
La primera, impulsada por Ecuador, ha sido convocada para el martes en la sede del organismo en Washington y tendrá como punto a tratar las «Normas de las relaciones diplomáticas y de asilo».
Por su parte, el encuentro solicitado por Colombia y Bolivia se llevará a cabo el miércoles y abordará «la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su vínculo con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador».
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