Un juez federal ha dictaminado que los jóvenes migrantes adultos conocidos como “dreamers” en 19 estados de Estados Unidos quedarán temporalmente bloqueados para obtener un seguro de salud a través del mercado público de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de Estados Unidos (ACA por sus siglas en inglés).
El fallo limita una iniciativa del gobierno de Biden para ayudar a los migrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños.
El juez Daniel Traynor, del Tribunal Federal de Distrito de Dakota del Norte, emitió la orden el lunes desde Bismarck, dando un revés a una norma del gobierno de Biden que se estimaba permitiría a 147.000 migrantes inscribirse para obtener cobertura.
La decisión se produjo en el marco de una demanda interpuesta en relación con la política y permanecerá en vigor hasta que el asunto pueda ir a juicio.
La decisión se aplica a los migrantes en 19 estados donde los fiscales generales republicanos demandaron para evitar tener que cumplir con la nueva política. Ellos citaron preocupaciones sobre los migrantes que posiblemente calificarían para subsidios públicos disponibles para muchas personas aseguradas bajo la ACA.
Los funcionarios estatales del Partido Repubicano argumentaron que la regla creada este año por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos (CMS por sus siglas en inglés) sería un fuerte incentivo para que los migrantes permanezcan en el país ilegalmente y podría crear costos para los estados.
Argumentaron que tanto la Ley de Cuidado de Salud Asequible como una ley de 1996 prohíben que los beneficios del gobierno de Estados Unidos fluyan hacia los migrantes que viven en el país ilegalmente. Los “dreamers” son parte de un programa que los hace una baja prioridad para la deportación.
Sin embargo, el presidente electo Donald Trump ganó las elecciones del 5 de noviembre prometiendo “el programa de deportación masiva más grande de la historia”.
Traynor, que fue nombrado por Trump durante su primer mandato, concluyó a través de lo que llamó “una inferencia de sentido común” que el acceso a la cobertura subvencionada de la ACA es un poderoso incentivo para que las personas permanezcan en el país ilegalmente, creando un riesgo sustancial de que los estados “sufran daños monetarios”.
La ley federal otorga a los CMS la autoridad para determinar si alguien vive legalmente en Estados Unidos, pero, escribió Traynor, “de ninguna manera permite a la agencia eludir la autoridad del Congreso y redefinir el término ‘legalmente presente’”.
La dependencia sanitaria dijo en un comunicado el martes que está revisando la demanda pero no comenta sobre litigios.
Nicholas Espíritu, director legal adjunto del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC por sus siglas en inglés), dijo que algunos “dreamers” han estado esperando más de una década para obtener cobertura de salud “vital” a través de la ACA.
“La decisión del juez Traynor es decepcionante y errónea en cuanto a la ley”, dijo Espíritu, prometiendo que su grupo continuaría luchando en el asunto.
Pero el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, llamó a la decisión “una victoria para el estado de derecho”. Le dijo a los periodistas después de una audiencia en Bismarck en octubre que el gobierno de Biden buscaba redefinir lo que significa ser un migrante que vive legalmente en Estados Unidos por “decreto ejecutivo”, calificando la regla de “cosas de Alicia en el país de las maravillas”.
El fiscal general de Dakota del Norte, Drew Wrigley, agregó entonces que los contribuyentes estadounidenses, a través del Congreso, determinan cómo el gobierno federal trata a los migrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente.
“Y no siempre se presenta de manera amigable y agradable y acogedora, pero habla del acceso a nuestro sistema de salud, el costo de nuestro sistema de salud y la carga para el público estadounidense, el contribuyente”, dijo.
Kansas y Dakota del Norte son los demandantes principales en la querella presentada en agosto. Se han unido Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.
“Afortunadamente, el tribunal puso otro clavo en el ataúd de la agenda radical de izquierda de Biden”, dijo el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, en un comunicado el martes.
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