El Ayuntamiento de Doral votó unánimemente este miércoles para aprobar un acuerdo con el Gobierno federal que autoriza a las fuerzas del orden locales a realizar funciones que normalmente corresponden a las autoridades de inmigración.
El controvertido programa 287(g) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) permite que agentes de Policía sean designados para llevar a cabo ciertas actividades de control migratorio, como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, así como para “cumplir y ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias”, según un comunicado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicado en febrero.
En la reunión del consejo del miércoles, los funcionarios municipales declararon que, según la ley estatal, estaban obligados a inscribirse en el programa de ICE.
“Aprobar esto es doloroso para todos. Todos somos inmigrantes. Yo soy inmigrante. Todos aquí tenemos familias que provienen de diferentes lugares donde, en este momento, hay un gran sufrimiento”, declaró el fiscal municipal Lorenzo Cobiella en la reunión.
“Sin embargo, todos juramos defender y proteger la ley”, continuó. “Y en este caso, tenemos muy poca discreción sobre lo que podemos hacer. El estado nos obliga a tomar ciertas medidas y, si no las tomamos, nos amenazan con sanciones penales”.
“La decisión de la Ciudad de Doral de alinearse con el ICE marca un cambio peligroso que amenaza la seguridad, la dignidad y la confianza de las mismas personas que construyeron esta comunidad”, declaró la venezolana-estadounidense Adelis Ferro ante el consejo.
Operativos del ICE
“Convertir la Policía de Doral en un brazo de la Policía federal de inmigración destruye la confianza. Cuando la gente le teme a la Policía, no denuncia los delitos. Las víctimas guardan silencio, los testigos desaparecen y todos estamos menos seguros”, dijo. “La Policía está aquí para proteger y servir, no para discriminar ni deportar. Esta decisión no hace que Doral sea más seguro. Lo vuelve silencioso, sospechoso y dividido”.
“Lo que hace esto aún más doloroso es que cada uno de ustedes, sentados en el estrado, es inmigrante o hijo de inmigrante; saben lo que significa dejarlo todo por una oportunidad de libertad. Conocen el miedo, la esperanza, el sacrificio, y aun así, hoy le dan la espalda a quienes recorren el mismo camino que sus familias”, dijo Ferro.
Doral, un suburbio de Miami con unos 27.000 inmigrantes venezolanos, tiene la mayor población de inmigrantes venezolanos del país. Su presencia es tan grande que el suburbio se conoce comúnmente como “Doralzuela”.
Los venezolano-estadounidenses ayudaron a Trump a obtener una victoria decisiva en la ciudad, donde su margen de victoria aumentó aproximadamente 20 puntos porcentuales entre 2020 y 2024. Uno de los principales empleadores del suburbio es el resort de golf Doral de Trump.
El mes pasado, la administración de Trump trasladó a migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos de regreso a Venezuela por primera vez desde que ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para reanudar los vuelos de repatriación. Durante los comentarios públicos, los residentes de Doral expresaron su preocupación de que esto infunda miedo en la comunidad y advirtieron que las víctimas indocumentadas de delitos optarán por guardar silencio en lugar de denunciarlo.
“Con esta resolución se corre el riesgo de que (los indocumentados) se sientan perseguidos en su propio vecindario”, dijo la residente Zara Karashi.
Presencia del ICE solo investigará a personas con antecedentes
Amanda Sherlock, inmigrante y ciudadana estadounidense con 13 años de experiencia, declaró al ayuntamiento que su Departamento de Policía se volvería menos efectivo a la hora de responder a la delincuencia y los problemas locales.
“Se supone que nuestro ayuntamiento es un organismo no partidista que trabaja para mejorar la vida cotidiana de los residentes de Doral. Delegar a nuestra Policía para que se conviertan en miniagentes de ICE no va a lograrlo”, dijo Sherlock.
El concejal de Doral Rafael Pineyro, el único venezolano en el consejo, votó a favor del acuerdo junto con los otros cuatro miembros, todos de origen latino. Afirmó que el acuerdo está “destinado a atacar a personas que han cometido delitos”.
“Nadie debería ser atacado por su apariencia ni por el idioma que habla”, declaró Pineyro. “Me aseguraré de que nuestro Departamento de Policía siga actuando con dignidad y defendiendo los derechos de todos en nuestra comunidad”.
La vicealcaldesa Maureen Porras también aseguró a los residentes que no serán atacados de forma generalizada.
“Nos aseguraremos de que nuestros ciudadanos y residentes respetuosos de la ley no se vean afectados negativamente”, declaró.
“Durante nuestras investigaciones por delitos graves o cualquier asunto relacionado, si durante el proceso investigativo se descubre que una persona se encuentra en este país de forma indocumentada, podría enfrentar cargos adicionales”, añadió el jefe de Policía Edwin López. La alcaldesa Christi Fraga informó a los residentes que los agentes continuarán con su labor policial como de costumbre.
Ayuntamiento de Fort Myers votó en contra
“No estamos aquí para convertir a nuestro Departamento de Policía en un arma”, declaró. “No vamos a retirar agentes de nuestras patrullas, ni de la Unidad de Fraude de la Asociación de Propietarios, ni de ciertas unidades que cumplen una función que no nos corresponde cumplir”.
El mes pasado, los miembros del Ayuntamiento de Fort Myers votaron en contra de la colaboración con ICE. Sin embargo, posteriormente se retractaron y aprobaron la medida después de que el fiscal general de Florida les enviara una carta advirtiéndoles que estaban infringiendo la ley estatal al rechazar el programa y amenazando con que el gobernador podría destituirlos.
Si bien varias ciudades de Florida han firmado acuerdos con ICE, una de ellas quiere que un juez primero intervenga. En marzo, la ciudad de South Miami demandó al gobernador Ron DeSantis y al fiscal general de Florida y solicitó a un juez que determinara si su ciudad está obligada a inscribirse en el programa de ICE, según la ley estatal.
Hasta la fecha, más de 130 agencias del orden público de Florida han sido aprobadas para participar en el nuevo modelo de grupo de trabajo, y más de 30 agencias más están pendientes.
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