Asunción, 22 jun (EFE).- El posible debate o eventuales resoluciones sobre la vida y la familia durante el 54 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que Paraguay acogerá desde el próximo miércoles, han despertado inquietud entre sectores religiosos y padres de familia paraguayos.
El cardenal Adalberto Martínez ha llevado la preocupación de la Iglesia Católica hasta el presidente del país, Santiago Peña, mientras sectores a favor y en contra se han expresado públicamente.
«Expresé nuestra posición como Iglesia en relación a la próxima Asamblea de la OEA y en especial sobre algunas resoluciones aprobadas por otros países sobre la vida y la familia que son contrarias a nuestras tradiciones culturales, así como a nuestro marco institucional y nuestra soberanía», publicó Martínez en X tras reunirse este viernes con Peña.
El mandatario, por su parte, señaló en la misma red social que conversaron de las acciones impulsadas por su Gobierno «para que los paraguayos puedan salir adelante».
«¡Ponemos nuestra fe y nuestro trabajo en un Paraguay con menos compatriotas pasando necesidades!», agregó.
En los días previos a la cita del organismo interamericano han sido varios los pronunciamientos de representantes religiosos, padres de familia y organizaciones sociales.
En un comunicado dirigido a Peña, el Consejo de Gobierno General de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción advirtió que los documentos preparados de cara a la Asamblea General contienen términos que amenazan el «sistema jurídico, la cultura y los valores del pueblo paraguayo protegidos y amparados por la Constitución».
La nota, firmada por el rector de la Universidad Católica, Narciso Velázquez, consideró «sumamente preocupante» un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad religiosa y de conciencia.
«En un equívoco axioma concluye que la libertad religiosa debe estar supeditada al principio de no discriminación, ponderándola como una amenaza al derecho de otras personas», argumentó el documento.
También las federaciones de padres en el país y otras organizaciones afines han pedido al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, que Paraguay «mantenga una postura firme» y continúe con la política de defensa de los «principios de vida, familia, libertades y soberanía nacional», según han difundido medios locales.
Por su parte, más de 50 organizaciones y redes de mujeres y feministas pidieron que el país defienda «la igualdad de género» en la Asamblea General y «evite poner notas contrarias» a sus derechos al pie de los documentos.
«Hoy más que nunca es importante que Paraguay sea capaz de defender los derechos de las mujeres y de la población LGBTI afectadas por violencias diarias como feminicidios, transfeminicidios, abusos de niñas y adolescentes, trata de niñas, adolescentes y adultas para esclavitud sexual, entre muchas otras violencias que nos afectan», señalaron en una carta remitida al canciller paraguayo.
Consultada al respecto, la abogada Mirta Moragas, quien es integrante del Consultorio Jurídico Feminista, dijo a EFE que las organizaciones de la sociedad civil esperan que en las resoluciones se sostengan «estándares de derechos humanos mínimos para toda la región», que abarcan la igualdad de género, entre las personas o los derechos de las mujeres indígenas y de las niñas, entre otros.
En ese sentido, consideró que «hay toda una desinformación» con relación a la supuesta aprobación del aborto o el matrimonio igualitario, que aclaró corresponden al ámbito del derecho interno en cada país.
Moragas indicó que Paraguay tiene la opción de «poner pies de página» para expresar su desacuerdo con el consenso en ciertos temas, pero llamó a que no se impida «el avance en las discusiones».EFE
lb/afcu
