El problema esencial del país es la contradicción entre la agenda de la sociedad y la de quienes gobiernan. Esa diferencia se ha acentuado con el fraude a la soberanía popular perpetrado la noche del 28 de julio pasado.
Cualquier persona sensata no puede sino estar de acuerdo con un diálogo que dé paso a una negociación que facilite una solución constructiva a la crisis multifactorial que afecta a la nación. Solución que comienza, necesariamente, con respetar el resultado de los comicios presidenciales.
El régimen maniobra constantemente para que la sociedad acepte el fraude como algo consumado y sin remisión, “pase la página” y se materialice una suerte de normalidad política, un aquí no ha pasado nada. En ese sentido ha comenzado a tratar de instalar en la agenda pública un proceso de cambio o reforma de la Constitución vigente -hace tiempo no observada por quienes tienen el mandato de hacerlo-, así como otras operaciones políticas. Todo para vaciar al fraude de vigencia y presencia en el sentimiento y debate político nacional.
Toda iniciativa de diálogo o acción política en esa dirección y objetivo no debe ser acogida ni facilitada por el movimiento democrático nacional ni por la comunidad internacional democrática porque serían un espejismo por ser una falsa solución y contribuirían a solidificar el continuismo y la dictadura.
No desconozco que la Constitución vigente requiere de algunas reformas parciales que en algún momento, en el futuro, deberán ser abordadas; pero esa no es la prioridad nacional. Menos aún si se usa ese tema para desviar la atención y los esfuerzos de lo políticamente prioritario, tampoco para hacerla más regresiva como seguramente intenta el régimen. La anterior aseveración puede ser atribuida, por algunos, a prejuicios del autor, solo que la definitiva deriva dictatorial del chavismo, los antecedentes con Chávez en la materia y las recientes alusiones de Maduro al Estado comunal alimentan y dan pábulo a la certeza en la condición regresiva de lo que se proponen. Suscribo la tesis de que la vigente sirve perfectamente para regir una transición a la democracia y la reconstrucción nacional pendiente. A quienes no les sirve es a los mandantes actuales para simular legalidad en su gobernanza dictatorial despojada ya de afeites y simulaciones, por eso buscan reformarla y mientras lo consiguen han venido instalando una paralegalidad casuística y arbitraria.
Cualquier proceso de diálogo y negociación para ser viable y eficaz debe garantizar la representatividad de los actores del mismo. El régimen siempre insiste en desconocer o bypasear la correspondiente al liderazgo democrático. En los tiempos que corren unos dialogantes o negociadores no autorizados ni respaldados por Edmundo González (presidente electo) – María Corina Machado – Plataforma Unitaria carecen de representatividad y cualidad para llegar a los acuerdos eficaces y sostenibles demandados por el país.
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