Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela y varias ONG denunciaron este jueves que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contacto con sus familiares, tras ser capturados cuando se manifestaban contra el resultado de las presidenciales anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria al oficialista Nicolás Maduro.
EFE
El ente electoral proclamó al mandatario como ganador, por 704.114 votos de diferencia sobre Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, cuando faltaban mas de dos millones de votos por computar, cuyo destinatario o destinatarios todavía se desconoce cuatro días después, y con el sistema de conteo bajo un «ataque cibernético», según la institución.
A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, dijo a EFE que a algunos capturados los están presentando «en tribunales de terrorismo» y sin el acceso a una defensa con abogados privados.
Asimismo, mencionó que el Foro Penal registró «más de 250 personas detenidas», de entre 15 y 65 años, aunque la cifra podría ser mayor, ya que las organizaciones recibieron unos «672 reportes de denuncias de familiares» desde el pasado lunes hasta la mañana de este jueves.
Según Migliorini, unas «75 personas» fueron trasladadas este miércoles a la cárcel Yare III, en el estado Miranda (centro), aunque hay reportes de traslados a otros penitenciarios que no han podido confirmar.
Varios familiares de los arrestados se negaron a dar declaraciones «por la seguridad» de los detenidos, «por temor» a que los vayan «a buscar a la casa» y porque «tienen prohibido dar información».
Otros, bajo condición de anonimato, dijeron a EFE que sus allegados fueron capturados cuando se encontraban en su casa, «caminando» o «regresando del trabajo», mientras que una parte confirma que fueron detenidos cuando participaban en las manifestaciones.
Por su parte, el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, «lo más grave», es que «en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez», como lo ordena la ley.
«Exigimos a las autoridades que se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos», dijo Daniels a EFE.
Asimismo, denunció que a los detenidos están recibiendo «acusaciones genéricas» y «no individualizadas», un «patrón» que ya «ocurrió» en las protestas de 2014 y 2017.
«A todos los detenidos se les están imputando los mismos delitos, que son traición a la patria, instigación al odio, asociación para delinquir y (…) obstrucción a las vías públicas», mencionó el activista.
Este miércoles, Maduro informó que más de 1.200 personas han sido apresadas, una cifra que supera la información previa dada por la Fiscalía, que cifró en 1.062 las detenciones.
