SOS Orinoco denunció la expansión acelerada de actividades de minería ilegal en una isla del río Caroní, ubicado dentro del Parque Nacional Canaima, un área protegida y reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco.
Señaló que entre febrero de 2023 y febrero de 2025, la minería intensiva habría destruido al menos 56,96 hectáreas de bosque ribereño, lo que ha dejado un alarmante rastro de contaminación y devastación.
La organización ambiental indicó que esta actividad, prohibida por la legislación venezolana e incompatible con el estatus internacional del parque, está afectando gravemente los ecosistemas locales.
Entre los principales impactos destacan la contaminación del agua con mercurio, el aumento de sedimentos en el río y la afectación directa al embalse de Guri, clave para el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, de la que depende buena parte del suministro eléctrico del país.
Un daño que trasciende lo ambiental
Además del daño irreversible a la biodiversidad del parque, SOS Orinoco advirtió que esas actividades en la zona tiene implicaciones críticas para la infraestructura energética nacional.
Explicó que los sedimentos y químicos vertidos por las operaciones ilegales están disminuyendo la capacidad de almacenamiento del embalse de Guri, donde se localiza la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, y provocando daños en las turbinas de la central hidroeléctrica, comprometiendo aún más el ya frágil sistema eléctrico venezolano.
«El régimen de Nicolás Maduro sigue raspando la olla y destruyendo el futuro de los venezolanos!», denunció la organización a través de sus redes sociales.
Exigen respuestas al Estado
En su denuncia, SOS Orinoco planteó preguntas directas a las autoridades:
1.- ¿Quién provee el combustible, maquinaria, alimentos y medicinas necesarias para mantener operativas estas minas en una zona remota?
2.- ¿Quién autoriza o permite el acceso a un área declarada Parque Nacional y Patrimonio Mundial?
Entre los señalados por la organización están Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz; y el general Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la FANB. También mencionó a la Corporación Venezolana de Minería y el Ministerio de Ecosocialismo.
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