La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad fue acusada el jueves por una presunta infracción electoral cuando era candidata a la alcaldía de su ciudad natal Cuenca, en el sur del país, lo que podría llevar a eventuales sanciones como multas económicas y hasta la destitución del cargo.
El integrante del estatal Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, dijo en rueda de prensa que busca que “de cara a las próximas elecciones se siente un precedente” y aseveró que todas las fuerzas políticas “tienen que entender que un calendario electoral con campaña no es un chiste, esa una norma que hay que respetar”. El Consejo de Participación Ciudadana elige al Fiscal General, al Contralor y al Defensor del pueblo, entre otros cargos.
Argumentó que Abad publicó muchos vídeos en redes sociales realizando una campaña electoral anticipada a finales de 2022 para la alcaldía de Cuenca, 310 kilómetros al sur de la capital, aunque la ley permitía la promoción electoral desde el 3 de enero y como prueba presentó varios vídeos. Los plazos de inscripción, campaña y elecciones los fija el Consejo Nacional Electoral.
Añadió que no descarta enjuiciar electoralmente al presidente Daniel Noboa también por campaña anticipada.
En declaraciones a diario La Hora, Abad aseveró que lo denunciado por Guarderas “cae en la ridiculez totalmente” y dijo que procede con transparencia por lo cual a sus detractores “se les hace difícil buscar alguna pequeña falla».
A su vez informó que Estados Unidos le retiró la visa y precisó que “tengo una carta del consulado de Guayaquil, sin indicar las razones”. La notificación se produce luego de que su hijo Francisco Barreiro fue acusado de oferta de tráfico de influencias por lo cual estuvo en una prisión de máxima seguridad por casi 45 días y salió el 7 de mayo tras pagar una fianza de 20.000 dólares. Barreiro podrá afrontar el resto del proceso judicial en libertad.
La acusación de Guarderas debe ser procesada en el Tribunal Contencioso Electoral, que tras recibir la denuncia debe convocar a las partes, recibir pruebas de cargo y descargo y luego emitir un fallo en un plazo no determinado. Junto a Abad, también fueron denunciados Guillermo Churuchumbi, coordinador del partido político de los indígenas, Pachakutik, y de un candidato a gobernador de Tungurahua, en el centro andino del país.
Una denuncia similar por infracción electoral realizada por Guarderas provocó que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fuera sancionado con una multa de 9.200 dólares y obligado esta semana a ofrecer disculpas públicas debido a que, mientras desempeñaba esa función, hizo campaña con candidatos de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La vicepresidenta Abad se encuentra en Israel desde diciembre cumpliendo funciones de embajadora por designación del presidente Noboa, con quien mantiene un distanciamiento que comenzó en la época de la campaña y se agudizó tras la llegada al poder el 23 de noviembre del año pasado. No se han explicado las razones de la ruptura.
Abad ha acusado al presidente Noboa de hostigamiento político y de buscar que la destituyan.
El experto y consultor en temas electorales, Fausto Camacho, dijo a The Associated Press que las sanciones para la campaña anticipada dependen del nivel de las pruebas y van desde llamados de atención, multas, hasta la destitución o pérdida de los derechos políticos.
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