Los altos niveles de informalidad de las economías en nuestra región, la competitividad exacerbada entre candidaturas por recursos que financien campañas cada vez más onerosas, y los flujos en aumento de dinero provenientes de fuentes ilícitas requieren de un sector privado comprometido con la legalidad y su responsabilidad social. Tanto la democracia como el desarrollo económico necesitan reglas claras y un Estado de derecho que funcione. Si bien algunos líderes empresariales se benefician de un sistema oscuro y podrían no tener ningún interés en impulsar mayor transparencia, esta visión egoísta es cortoplacista y no representa a todo el empresariado latinoamericano.
Un reciente informe del Diálogo Interamericano e IDEA Internacional concluye que es fundamental afianzar el papel de un sector privado comprometido con el Estado de derecho en la promoción de un cambio social e institucional que genere beneficios colectivos más significativos que aquellos derivados de influencias individuales. El sector privado se beneficia de fortalecer la regulación del financiamiento político para reducir la incertidumbre y la opacidad, lo cual es útil para un crecimiento económico estable y seguro.
Una sana relación entre el dinero y la política es esencial para la salud democrática. Cómo regularla ha sido una preocupación de décadas en América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta dinámica enfrenta nuevos y más complejos desafíos que afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Primero han sido los escándalos de corrupción relacionados a empresas privadas y sus apoyos a candidatos en campañas electorales a cambio de posteriores contratos o concesiones públicas, y/o el enriquecimiento ilícito de autoridades políticas. Luego, la creciente influencia de economías criminales en la política, elecciones y en decisiones de política pública en la región, particularmente a nivel subnacional.
Tenemos una región prolífica e innovadora en materia de regulación democrática, realizando importantes reformas sobre financiamiento político-electoral. En la actualidad, la mayoría de los países cuenta con un modelo de financiamiento mixto, tanto con aportes públicos de los Estados como de privados, con prohibiciones a ciertas fuentes (extranjeros, anónimos, y tipos de donantes, como juegos de azar) y con topes de donaciones o gastos. A pesar de estos avances, los cambios institucionales y su implementación no logran alcanzar la velocidad con que las dinámicas de incidencia del dinero en la política mutan en la práctica.
A esta laberíntica realidad se añade el protagonismo de las nuevas tecnologías, como las redes sociales y la inteligencia artificial, que están cambiando la forma de hacer política y campañas. La financiación de publicidades de candidatos o contenidos de apoyo a campañas carece, en la mayoría de países, de una regulación adecuada o de capacidad de fiscalización institucional. Así, el monitoreo del financiamiento político representa un reto mayúsculo para los organismos electorales, ya que se requieren equipos especializados y capacidades técnicas de avanzada, muchas veces ausentes. Si bien existen experiencias positivas en la región para controlar los orígenes de financiación política y electoral por organismos electorales y en colaboración con plataformas digitales, así como para prevenir contenido que promocione la violencia o principios antidemocráticos, es imprescindible aumentar la coordinación dentro de las instituciones, entre organismos electorales y otras agencias, entre estas entidades y el sector privado, así como entre países, para poder enfrentar el reto de la penetración de dineros ilícitos transnacionales en nuestras instituciones.
Existen ejemplos concretos en los cuales, en la última década, el sector privado avanzó considerablemente en el desarrollo de sus capacidades de cumplimiento y de integridad en el vínculo con el sector público. Con estas medidas, se buscó garantizar un sistema que promueva la transparencia, la previsibilidad económica y jurídica, así como la seguridad, lo cual es mejor para hacer negocios.
Es clave ir más allá de un análisis teórico sobre la efectividad de ciertos modelos de regulación del dinero en la política – que es, sin duda, importante – y movilizar a la opinión pública para que influir indebidamente en la política a través de financiación ilícita tenga un costo reputacional político. Para ello, el sector privado tiene un rol clave para jugar. Como financiador de campañas, es imprescindible que se fortalezcan los mecanismos de integridad y los acuerdos corporativos que eviten aportes ilegales. Por otro lado, tiene la capacidad necesaria para generar un debate público con actores diversos, que es imprescindible para movilizar la atención de los ciudadanos. Solo con esta atención se lograrán crear los incentivos políticos que ayuden a fomentar un cambio institucional beneficioso tanto para la democracia como para al desarrollo económico – ambos útiles para el Estado de derecho y para mayor previsibilidad, que favorecen un clima de negocios propicio.
Marcela Ríos Tobar es directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe y Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho, Diálogo Interamericano.
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