Una coalición de organizaciones no gubernamentales rechazó el miércoles las sanciones que podría imponer Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) e instó a los países miembros y demás funcionarios a manifestar su rechazo.
A través de un comunicado, la Coalición por la Corte Penal Internacional y sus más de 140 organizaciones no gubernamentales miembros y coaliciones de todo el mundo aleraron que las sanciones estadounidenses podrían comprometer gravemente la capacidad de la CPI para cumplir su mandato de vital importancia en todas las situaciones en las que actúa.
«Las instituciones financieras y otros operadores podrían negarse de forma preventiva a realizar transacciones en las que participe la CPI, lo que paralizaría en la práctica la capacidad de la Corte para desempeñar su labor. Estas sanciones afectarían probablemente a las víctimas, los representantes legales y las organizaciones de la sociedad civil, quienes podrían enfrentarse a consecuencias derivadas de su respaldo a la justicia ante la CPI, poniendo en riesgo la labor crucial que desempeñan en la garantía del acceso de las víctimas a la reparación de los crímenes más graves», advirtieron en el texto compartido por Provea.
Sanciones de EE UU a la Corte Penal Internacional pone en riesgo a las víctimas
También explicaron que las sanciones contra la CPI impedirán el acceso de las víctimas a una justicia legítima e independiente y constituirán un agravio para las víctimas y sobrevivientes de todo el mundo.
«Las sanciones son una herramienta que debe utilizarse contra los responsables de los crímenes internacionales más graves, no contra quienes luchan por la justicia», recordaron.
Pidieron a Estados Unidos que «ponga fin a cualquier intento, incluso a través de sanciones, de socavar los procesos judiciales independientes de la CPI”.
La Corte Penal Internacional advirtió la semana pasada que las sanciones de Estados Unidos contra miembros del tribunal pueden obstaculizar gravemente las investigaciones por crímenes graves en diferentes países y afectarían la seguridad de las víctimas, testigos e individuos sancionados.
A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para imponer sanciones y cortar la financiación a la CPI por la investigación sobre Israel por crímenes de guerra en Gaza.
Además, tras asumir la presidencia, Donald Trump anuló una orden ejecutiva de Joe Biden que revocaba sanciones impuestas en 2020 contra funcionarios de la CPI, relacionadas con la investigación de presuntos crímenes de guerra en Afganistán, incluyendo a tropas estadounidenses.
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