Después de más de veinte años de la llegada al poder de un supuesto proyecto “revolucionario” que se consolidó en forma de dictadura, un dolor ha alcanzado a todos los venezolanos: la migración.
Con más de 9 millones de migrantes, según los últimos datos levantados por especialistas, es casi imposible conseguir una familia donde alguno de sus integrantes no haya tenido que salir del país empujado por la crisis económica, el colapso de sus condiciones de vida, la inseguridad o la persecución política. Nuestro gentilicio como “venezolanos” ha quedado marcado por la cicatriz del exilio y el dolor de las familias separadas.
Esta tragedia que es a un mismo tiempo doméstica pero con efectos geopolíticos tiene como origen, ¡no podemos olvidarlo!, una crisis humanitaria, social y política instalada en Venezuela por una camarilla de autoritarios que socavaron los principios de la democracia, eliminaron los sistemas de controles y contrapesos de la democracia, acabaron con las instituciones del país y avanzaron en la conformación de un sistema político, de vocación totalitaria, que destrozó la economía venezolana con el manejo arbitrario de los ingresos petroleros (de una industria que destruyeron) y con fomento de un ecosistema corrupto que encumbró a los poderosos que nos gobiernan con la misma fuerza con que empobreció a la mayoría de los venezolanos. La crisis migratoria es una tragedia hecha en revolución y por la revolución.
A este dolor migratorio que acompaña a los venezolanos desde hace muchos años se le suma la incertidumbre generada por la decisión del gobierno norteamericano de cancelar el TPS y el parole humanitario.
Sabemos que cada Estado tiene el derecho de definir y aplicar, con base en las leyes de su país, la estrategia migratoria y de seguridad que consideren pertinente. Sin embargo, preocupa las formas que llevaron a la deportación a una cárcel de máxima seguridad salvadoreña a un grupo de detenidos en Estados Unidos y acusados de pertenecer al Tren de Aragua. En particular, el desconocimiento de la identidad de los detenidos, la celeridad con que fueron llevados al centro de reclusión en el extranjero, la polémica generada por una orden judicial sobre el caso y las condiciones en que fueron recluidos en El Salvador. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa son principios claves del sistema legal norteamericano, justo para asegurar que no se ha colocado en un mismo lote a personas inocentes junto a delincuentes.
Es fundamental que no se criminalice la migración y se imponga a los venezolanos un estereotipo que los condena de manera arbitraria. Tenemos que insistir: ser venezolano no es delito, ser migrante no es delito.
Sólo con el retorno de la democracia en Venezuela se podrá dar garantías para la reunificación de la familia venezolana.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
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El Observatorio Venezolano de Migración (OVM) es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello que se especializa en la divulgación de información precisa y basada en evidencia sobre la migración en Venezuela.
Su trabajo es importante para conocer la magnitud de este fenómeno y desarrollar políticas para lograr el retorno de venezolanos, un esfuerzo que está bajo la amenaza de la dictadura venezolana que persigue, criminaliza y acosa las iniciativas de la sociedad civil organizada. Luchar por el retorno de la democracia es trabajar por la autonomía de estas iniciativas y la libertad de todos los presos políticos.
