El economista venezolano, Francisco Rodríguez, considera de “poco sentido” y “problemática” la acción anunciada este lunes por el presiente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel secundario de 25% a países que comercialicen con Venezuela sobre petróleo y gas.
Rodríguez señala la retórica de la política al evaluar que a pesar de la imposición de este arancel “Venezuela sigue exportando petróleo a Estados Unidos” y lo hace a través de Chevron que si bien tien un plazo para dejar de operar (3 de abril) “otras licencias específicas de la compañía que no han sido revocadas, a pesar de la declaración de Trump del 26 de febrero”, siguen vigentes.
“ Venezuela puede vender petróleo a EE. UU., pero ahora se le amenaza con sanciones por vender a otros países. Mientras las licencias existentes se mantengan o se renueven (como podría suceder con Chevron), esta política crea incentivos para que Venezuela venda más, no menos, petróleo a EE. UU.”, argumenta el experto en una publicación realizada en su cuenta de la red social X.
Por otras parte, cuestiona el calificativo de la medidad: «arancel secundario», al explicar que en la legislación estadounidense es inexistente, igualmente en la práctica comercial.
“Suele emplearse en la literatura académica para referirse a aranceles de represalia en guerras comerciales o recargos sectoriales, no a sanciones a otros países por comprar a alguien que no le gusta a Estados Unidos”, aclaró.
De acuerdo a Rodríguez, esta accíon parece más bien “un intento de sustituir las sanciones secundarias por aranceles”.
Añade que de ser ese el objetivo “hay un problema clave: las sanciones estadounidenses se dirigen a entidades —empresas específicas—, no a países enteros. Los aranceles no se ajustan a ese modelo”, puntualizó.
“Si Repsol (una empresa privada española) compra petróleo venezolano, ¿planea EE. UU. imponer un arancel del 25 % a todas las exportaciones españolas?”, debate el economista al señalar que si eso es lo que insinúa el anuncio de Trump, “Repsol no es España, y España no controla sus decisiones”.
“Esta política presupone que los países pueden o van a aprobar leyes que prohíban a sus empresas comprar petróleo venezolano. Pero eso es poco realista. Se necesitarían más de 200 países para legislar a favor de un objetivo impulsado por Estados Unidos. Es inaplicable”, atiza Rodríguez.
Indica que esta decisión contiene una “ambigüedad jurídica” que agrava el problema. “¿El arancel se aplica a las empresas en España? – ¿O a empresas propiedad de españoles en otros lugares? ¿Qué pasaría si Repsol estableciera una empresa fantasma en Panamá para comercializar petróleo venezolano? ¿Impondría EE. UU. el arancel del 25 % a España, Panamá o ambos?”, expone el experto.
Mientras añade que Estados Unidos carece de herramientas para hacer cumplir tal normativa. “Gran parte del petróleo venezolano se transporta mediante transferencias de barco a barco. Las autoridades estadounidenses no pueden rastrear estos flujos ni tienen acceso a datos aduaneros de China ni de otros países no cooperantes”.
“¿Por qué hacerlo, entonces? Esto refleja un proceso político fragmentado”, sustenta al señalar al secretario de Estado de insistir en la política de “máxima presión, mientras que otros prefieren aranceles en lugar de sanciones. El resultado es un híbrido confuso y carente de coherencia interna”.
“Aun así, el efecto es real: las amenazas de sanciones, incluso si no son ejecutables, generan incertidumbre. Los países pueden reducir el comercio con EE. UU. simplemente para evitar represalias impredecibles, incluso si sus empresas no están infringiendo ninguna norma claramente”, advierte.
Rodríguez así, puntualiza en que la política estadounidense “mal diseñada y confusa”, que utiliza para afirmar el poder “puede terminar haciendo lo contrario”.
“En lugar de ‘Estados Unidos primero’, este tipo de formulación de políticas confusas puede recordarse como el momento en el que la disfunción de la política estadounidense comenzó a convertir al país en una potencia económica de segunda categoría”, finaliza.
