«En realidad, no tengo miedo en absoluto», le dice a la BBC. «Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo».
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE UU de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
«La idea de estar separados asusta», le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Estudios señalan que una deportación masiva afectaría a sectores como la construcción y la agricultura. Getty Images
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los migrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. «Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores», le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
«Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país» y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra «con papeles», en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
«No es un juego de suma cero», escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un indocumentado ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los indocumentados?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Hay quienes aseguran que los indocumentados le quitan trabajos a los estadounidenses. Getty Images
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
«Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales», dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
Las personas indocumentadas pagan impuestos de distintas maneras. Getty Images
«Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas», escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, «las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense».
El debate político actual se ha centrado en la llegada de migrantes indocumentados en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de migrantes de 2,5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Quienes se oponen a la medida advierten que puede aumentar la inflación al encarecer el costo de algunos productos. Getty Images
Pero «una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía», dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que «se espera que los migrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores», señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
