En el Perú, más de 4.000 ollas comunes trabajan para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria en zonas vulnerables, en un contexto de alta anemia y pobreza. Sin embargo, pese a ello, estas enfrentan una gran escasez de alimentos y claman ayuda del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y su titular, Julio Demartini.
Hoy en día, de acuerdo a un nuevo informe de ‘Punto Final’, la crisis afecta principalmente a Lima, donde 130 ollas comunes han estado desabastecidas durante más de dos meses.
Karim Marioli Jiménez, directora del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del Midis, atribuye esta situación a la falta de responsabilidad por parte de quienes encabezan las ollas afectadas para incluirlas en el registro único nacional de ollas comunes, conocido como ‘Mankachay’, lo que impide que puedan acceder a los fondos y recursos necesarios para garantizar la alimentación de las poblaciones más vulnerables. Pero lo cierto es que las actuales deficiencias se remontan a problemas administrativos previos.
Pues, ‘Punto Final’ reveló que Marisol Paucar, actual encargada de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias del Midis, cuya función es gestionar los recursos de las ollas comunes, tiene un historial de sanción por un error administrativo en 2019 que resultó en un déficit económico de 2 millones de soles, dejando desatendidos a beneficiarios de ollas comunes en 22 municipalidades.
No obstante, a pesar de esto, Paucar fue ascendida, lo que ha generado nuevos cuestionamientos sobre la idoneidad de quienes gestionan estos programas por parte de exfuncionarios, entre ellos Silvana Vargas, exministra del Midis.
“Como parte de la gestión es importante asegurar que el perfil de las personas que gestionan y toman decisiones es el adecuado”, dijo a ‘Punto Final’.
Mientras tanto, si bien el Gobierno ha establecido para este año un presupuesto asignado de más de 144 millones de soles para atender a 280 mil 120 personas de 4.578 ollas comunes a nivel nacional, incluyendo a 150 mil 170 ciudadanos en Lima Metropolitana y Callao, las organizaciones de mujeres que lideran las 130 ollas desabastecidas denuncian que la distribución de dichos recursos no ha sido efectiva.
Pues, al día de hoy, muchas continúan sin los insumos necesarios, sobre todo en los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde muchas familias están logrando por sobrevivir gracias a su autogestión y solidaridad, pero aún así enfrentando el hambre.
Como respuesta, el Midis ha informado que, en los próximos días, espera abastecer a 70 de las 130 ollas y, por otro lado, que trabajará en mejorar los procesos administrativos con el fin de asegurar una adecuada interacción de la información relacionada al registro de nacional de ollas comunes.
En paralelo, hay otras cuestiones que también preocupan a las ollas comunes, como la reciente propuesta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) de modificar la Ley de Moratoria N.° 31111, con el propósito de permitir al país la entrada de Organismos Vivos Genéticamente Modificados (OVGM), tales como semillas transgénicas de maíz y algodón.
La Convención Nacional de Agro Peruano (Conveagro) y otras 30 asociaciones, incluyendo a las ollas comunes, demandan un análisis exhaustivo sobre los posibles efectos ambientales y económicos antes de proceder con cualquier cambio en la legislación actual.
Pues, temen la posible pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos y riesgos para la salud humana, así como impactos negativos en la agricultura familiar, que representa el 97% de las unidades agropecuarias en el país, con la autorización de uso de semillas transgénicas que podrían generar competencia desleal con las variedades nativas.