La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado de Venezuela por la violación de derechos políticos del excandidato presidencial Henrique Capriles durante las elecciones de 2013.
Según comunicó la Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, durante este proceso se determinó que se violentaron los derechos a libertad de expresión, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Capriles, al tiempo que el aparato estatal favoreció la candidatura de Nicolás Maduro. Eso, a juicio del organismo, representa una vulneración grave a los principios democráticos.
Capriles, un joven abogado, utilizó su carisma y estilo no confrontativo para ganar el apoyo de millones y convertirse en una amenaza electoral para el ya fallecido presidente Hugo Chávez en 2012.
Capriles perdería esa elección, y otra al año siguiente tras la muerte de Chávez, ante el actual presidente Nicolás Maduro. Fue durante esa segunda contienda en 2013 que el tribunal dictaminó el lunes que el gobierno violó los derechos de Capriles y favoreció a Maduro.
En 2017, el gobierno de Maduro le prohibió a Capriles volver a postularse durante 15 años.
De acuerdo con la Corte Interamericana, Maduro fue habilitado como candidato sin haber renunciado a su posición como “presidente encargado” y finalmente fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con un 50,61 % de los votos, mientras que a Capriles se le acreditó una votación del 49,12 %.
En su cuenta de X, Capriles escribió que “”11 años después (la Justicia además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser expedita) obtuvimos sentencia en relación a la demanda que interpusimos por la elección del año 2013 ante la CorteIDH”.
“Siempre hemos buscado caminos en el marco de nuestra constitución para recuperar la democracia, la institucionalidad. Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir en PAZ su futuro”, acotó.
Según la Corte CIDH, el gobierno venezolano usó recursos estatales para favorecer a Maduro durante esa campaña electoral; y se realizaron actos de proselitismo por parte de funcionarios públicos, presiones a empleados del Estado para y cobertura mediática desproporcionada en los medios comunicación en manos del estado.
También acreditó que las denuncias por irregularidades presentadas por el equipo de Capriles no fueron atendidas por el CNE.
La Corte consideró que las acciones y omisiones del Estado venezolano socavaron la integridad del proceso electoral, los derechos políticos de Capriles y afectaron el derecho de los venezolanos para elegir libremente a sus gobernantes.
Capriles ya contaba con un fallo a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al gobierno venezolano levantar la prohibición de participar en política, pero esta fue ignorada.
En enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la prohibición de participación política de Capriles hasta 2032.
Capriles y otros adversarios del gobierno de Maduro sostienen que la inhabilitación ha sido usada por el gobierno, incluido la administración de Chavez, como un arma política.
En julio, Maduro fue declarado ganador de una elección llena de irregularidades en la que los escrutinios de los centros de votación recogidos por la oposición mostraban que su candidato, Edmundo González, había derrotado a Maduro por un amplio margen.
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