El resultado electoral del 13 de abril fue inesperado. No tanto por quien se alzó con la victoria, sino por la diferencia: Daniel Noboa obtuvo más de diez puntos porcentuales de diferencia sobre Luisa González. Tras la elecciones, Ecuador ha entrado en otro proceso de recesión democrática, en especial con relación a los tres predicados básicos de la democracia: elecciones competitivas, derechos liberales de expresión y asociación, y el imperio de la ley. Lo que renombrados politólogos, como Adam Przeworski, denominan “autocratización democrática” para referirse a la “desconsolidación”, “erosión”, “desgaste” o “retroceso” de la democracia.
Según el índice elaborado por la influyente revista The Economist para el período 2006-2024, Ecuador es catalogado como un “régimen híbrido”. En una escala de 1 a 10 su puntuación más baja fue el año pasado —2024— cuando obtuvo 5.24 puntos. Es decir, bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el marco de un «conflicto armado interno» y una ola de violencia criminal sin parangón, Ecuador obtuvo la peor calificación.
Pero este proceso de “autocratización democrática” no es nuevo. Ecuador ya lo vivió bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). Así lo constata el último informe de V-DEM Democracy 2025 que grafica muy bien ese giro en U hacia la democratización que habría iniciado en 2018, pero que desde el 2022 vuelve a decaer, anticipando un nuevo ciclo de autocratización, ahora bajo el liderazgo autoritario de Daniel Noboa.
Por ello, resulta ridículo escuchar a correístas y noboístas acusarse mutuamente de fraude y abuso de poder, como si sus líderes fueran demócratas ejemplares. En las elecciones del 2025, el “presidente-candidato” Daniel Noboa fue igual o más abusivo que el “presidente-candidato” Rafael Correa, en las elecciones del 2013. Es la memoria selectiva y las ideologías viciadas de ambos bandos lo que lo que nubla su razonamiento.
Como en todo proceso de “autocratización democrática”, Noboa necesita moldear el contexto institucional a su imagen y semejanza (lo hizo Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador, Bukele en El Salvador y ahora Donald Trump en Estados Unidos). De ahí su interés en activar un “proceso constituyente rápido y ágil”. Cómo lo piensa realizar, aún es un misterio, pero hay suficiente material para hacer un breve análisis prospectivo.
El primer escenario es político institucional, y pasa por dirimir la composición de la Asamblea Nacional. ADN, el movimiento político oficialista parte con un bloque legislativo de 66 asambleístas electos (de un total de 151 miembros) y la Revolución Ciudadana (movimiento político del expresidente Rafael Correa) con otro bloque de 66 —eran 67, pero en la última semana una asambleísta anunció su desafiliación—. Es previsible que en los próximos días un buen número de asambleístas de otras tiendas políticas se alineen con el bloque oficialista, que es el único con capacidad real de negociación. Esto a menos que las disputas internas en las filas oficialistas abran fisuras que puedan ser aprovechadas por la Revolución Ciudadana.
El segundo escenario es político social. Otro damnificado con los resultados del 13 de abril es Leonidas Iza, presidente de la Conaie (Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador), la organización social con mayor capacidad de movilización e incidencia política del país. La unidad de las izquierdas en torno a la candidatura de Luisa González, entre ellas Pachakutik —brazo político electoral de la Conaie— produjo la percepción, luego del 13 de abril, de que la izquierda institucional también fue derrotada junto con el correísmo.
Así las cosas, la Conaie ha lanzado una campaña de pedagogía política para advertir sobre el riesgo que corren los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de 2008 y que podrían ser eliminados de un plumazo en una constituyente controlada por el oficialismo.
El liderazgo de Iza surgió con las protestas sociales en octubre del 2019 y junio del 2022, y necesita volver a las calles para refrendarlo. Pero en un escenario militarizado y colonizado por el miedo a los ataques terroristas y otras formas de violencia criminal, las posibilidades de éxito son escasas.
Para prevenirlo, el gobierno de Daniel Noboa se ha declarado en “alerta máxima” desde la madrugada del 19 de abril. La razón es un supuesto “informe” de inteligencia militar que sugiere un «traslado de sicarios desde México y otros países a Ecuador para llevar a cabo atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo». El Ministerio de Gobierno, en un comunicado del mismo día, titulado “La venganza de los malos perdedores”, ha gatillado el encuadre discursivo que darán a cualquier movilización social para clausurar las calles como escenario político.
Con ambos escenarios bajo control, un “proceso constituyente” rápido y ágil, como desea Daniel Noboa, se vuelve posible.
Desde hace algunos años, distintos voceros de las élites económicas han persistido en una idea: reinstaurar la Constitución de 1998 mediante referendo. Uno de los más fervientes defensores de esta idea es el exvicepresidente Alberto Dahik Garzozi, quien fungió como asesor ad-honorem del expresidente Guillermo Lasso y apadrinó a Daniel Noboa en su primera visita a Carondelet, en 2023. Por tanto, no sería difícil que una Corte Constitucional dócil autorice integrar una comisión especial que actualice la Constitución de 1998 para luego someterla a referendo.
Algo semejante ya ocurrió en el Referendo de 1978, cuando la dictadura militar llamó a las urnas para que el pueblo escojiera entre la Constitución de 1978 o la Constitución de 1945 reformada. Aquel referendo significó el tránsito a una democracia electoral restringida por el poder militar.
Hoy, un poder militar restaurado en el marco del “conflicto armado interno” podría ser nuevamente quien dirima el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, el haz de crisis que mina el Ecuador tendrá que esperar.
Luis Córdova-Alarcón es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Director del programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador e investigador principal del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos.
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