A pesar de que hace menos de una semana el presidente salvadoreño, Nayib Bukele dejó abierta la posibilidad de relajar el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó el jueves la décima tercera prorroga de esta medida tomada con el argumento de combatir a las temibles pandillas que por más de tres décadas han aterrorizado país centroamericano.
El gabinete de Seguridad del gobierno del Bukele solicitó la nueva prorroga porque asegura que aún hay un remanente de mas de 8.000 pandilleros pendientes de capturar, la mayoría que participaron en violentas ceremonias de iniciación, pues para ingresar a las pandillas, se les solía exigir que asesinen a una persona.
“Todo este Estado criminal paralelo al que nos enfrentamos está completamente destruido, pero obviamente hay remanentes”, a los que deben de capturar, “para ir sometiéndolos a la justicia”, dijo el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro el martes, en una reunión con periodistas.
Las pandillas que por más de tres décadas operaban en el 90% del territorio, impartían su propia justicia en estos territorios y recaudaban en extorsiones de casi dos mil millones de dólares.
El estado de excepción regirá por otros 30 días en todo el territorio nacional, dada la última aprobación con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, controlado por el partido de Bukele. Los tres legisladores de oposición nuevamente negaron sus votos para la aprobación: los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron y la diputada del partido VAMOS votó en contra.
Bukele dijo el domingo, al inaugurar una importante red vial en el oriente del país, que “probablemente pronto podamos relajar las medidas, no creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar”.
Días después, sin embargo, el ministro de Seguridad dijo que los posibles cambios aún están en estudio.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillasm el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado 83.600 acusados de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele dice que 8.000 inocentes han sido liberados.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con una tasa de 106 homicidios por cada 100.00 habitantes
En 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares. En lo que va del 2024, El Salvador registra 142 homicidios, que incluyen 24 homicidios agregados a la categoría ‘Sobre averiguar muerte’ y otros 5 de presuntos delincuentes que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía o la fuerza armada.
Organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias hechas por las víctimas bajo el régimen de excepción dicen haber documentado que han muerto 340 Personas adultas y cuatro bebés hijos de personas privadas de libertad.
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