La mayoría de congresistas en la Asamblea Legislativa de El Salvador -dominada por el oficialismo- aprobó este miércoles (29.05.2024) archivar una propuesta de ley de reparación para las víctimas de la guerra civil (1980-1992), que dejó 75.000 muertes y 8.000 personas desaparecidas.
El dictamen, que antes fue avalado por parlamentarios del oficialista Nuevas Ideas en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, fue aprobado con 57 de 60 los votos en la sesión plenaria.
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido minoritario Vamos (centroderecha), criticó la decisión de enviar al archivo la propuesta de ley de justicia transicional y lamentó que «ninguna legislatura, incluyendo la pasada y esta, les hayan cumplido a las víctimas de la guerra para encontrar verdad, justicia y reparación».
«Las víctimas y sus familias merecen justicia», dijo Ortiz y aseguró que «su tarea de darle justicia a las víctimas no está hecha, no la han terminado». La congresista cuestionó «¿por qué están enviando al archivo la propuesta? ¿por qué ni siquiera se estudió? ¿por qué no han escuchado a las víctimas?».
La Comisión de Seguridad Nacional argumentó su decisión en que la propuesta «ha perdido su vigencia en la actualidad, siendo necesario que las iniciativas sujetas a estudio sean acordes con las exigencias de la realidad nacional».
El largo camino a la justicia en El Salvador
En febrero de 2020, las bancadas legislativas de ese momento aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue rechazada por las víctimas del conflicto armado y vetada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por considerarla inconstitucional.
El Congreso no superó el veto del mandatario y la normativa fue archivada, mientras que la legislatura 2021-2024, también dominada por Nuevas Ideas, concluyó sin que se aprobara una nueva. En octubre de 2021, representantes de más de 10 organizaciones llevaron al Parlamento una propuesta elaborada junto a las víctimas, pero los legisladores no la discutieron.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al Órgano Legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto interno.
Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -ahora partido de oposición de izquierda- se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que, en 12 años, dejó 75.000 muertes y 8.000 personas desaparecidas.
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