El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, que busca, según la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, garantizar los derechos laborales en vez de generar empleo e impactar la informalidad de Colombia, fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
El mismo modificará las jornadas laborales (por ejemplo, la jornada nocturna será de 7:00 p. m. a 6:00 a. m. y no como en la actualidad, que es de 9:00 p. m. a 6:00 a. m.), por lo que, de acuerdo con estudios, generará sobrecostos a las empresas hará que se pierdan 450.000 empleos formales.
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Tras la aprobación, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, manifestó que “con esta reforma los trabajadores tendrán condiciones laborales decentes”.
“Contarán con recargos nocturnos, dominicales y festivos justos y contarán con el desarrollo progresivo de sus derechos, los cuales fueron mancillados en otrora por Gobiernos que avalaron la explotación laboral y las nuevas formas de esclavitud moderna”, anotó al lamentar que por el “sesgo errado e ilegítimo de algunos sectores, se mine la posibilidad de tener un derecho laboral colectivo como orienta la OIT, la Ocde, la jurisprudencia y los países desarrollados”.
Sin embargo, hay duras críticas al respecto de este primer visto bueno. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, la calificó como “nefasta”, y aseguró que la aprobación se hizo de manera acelerada en la corporación.
Señaló que es un texto en el que a todas luces se desconoce la situación económica del país, por lo que agregó que esta es una decisión de un grupo de congresistas que está de espaldas a la realidad y a los que, al parecer, solo les importa sus intereses particulares.
“Lamentablemente en este debate se aprobaron los artículos propuestos por el Gobierno que aumentarían sensiblemente los costos para el sector empresarial, como consecuencia de horas extras, dominicales y festivos, jornada diurna, vacaciones para el sector de vigilancia y laboralización del contrato de aprendizaje; temas que dejan por fuera a los 2,7 millones de colombianos que hoy no tienen un trabajo”, lamentó.
Según Fenalco, este desconocimiento, de los congresistas que aprobaron, conducirán a Colombia hacia una catástrofe económica.
Como ejemplo, el gremio explicó que para convertir el contrato de aprendizaje en un contrato laboral, como quedó aprobado en primer debate, el sector productivo tendrá que pagar, como mínimo $5,2 billones adicionales, eso sin contar con el aumento exponencial de aprendices por el acuerdo diez del Sena; mientras tanto el Gobierno arrecia sus políticas regresivas, de altos impuestos, intervencionismo estatal y lenguaje agresivo contra el sector privado.
Finalmente, el dirigente gremial destacó lo que se votó de manera negativa y que constituye un logro para quienes creen que la única forma de generar empleos de calidad y de reducir la informalidad es promover el crecimiento económico.
Dentro de eso que cree que es negativo para el país son los mega sindicatos; la huelga declarada por la tercera parte de los trabajadores; la huelga por sectores económicos; la posibilidad de que los sindicatos invirtieran recursos en campañas políticas y en otros fines; la posibilidad de citar a huelga por razones de solidaridad o políticas; el cambio de la carga de la prueba cuando hubiera despido sin justa causa, evento en el cual se pretendía que el trabajador pudiera alegarlo y que le correspondería al empleador demostrar que el despido no fue discriminatorio y la prohibición de los contratos de prestación de servicios, entre otros.
“Desde Fenalco, de nuevo hacemos un llamado a los congresistas de Cámara y Senado para que hagan un debate serio y voten sensatamente, de acuerdo con lo que le conviene al país”, concluyó Jaime Cabal.