La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) reiteró este jueves a las autoridades de Venezuela que garanticen el respeto del ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, ante la incertidumbre del resultado oficial de las presidenciales, que ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto, lo que desató protestas y cuestionamientos dentro y fuera del país.
«La Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana envía un cuarto mensaje para recordar a las autoridades la obligación de respetar los derechos ciudadanos», expresó en una publicación en la red social Instagram.
La CEV pidió al gobierno garantizar la libertad de expresión y la manifestación pacífica, cuando en Venezuela se registran, según las autoridades, 25 muertes y más de 2.400 detenciones durante las protestas poselectorales contra el resultado anunciado por el CNE.
«La libertad de expresión y la manifestación pacífica de las propias posiciones políticas son derechos consagrados en la Constitución», recordaron los obispos, a la vez que invitaron a los venezolanos a promover una convivencia social, sana y pacífica.
Conferencia Episcopal Venezolana pide respetar la soberanía
El pasado 7 de agosto, la Conferencia Episcopal Venezolana hizo un llamado a respetar la soberanía del pueblo expresada el pasado 28 de julio, cuando se celebraron las presidenciales, en las que la mayor coalición opositora asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el ganador, luego de reunir 83,5% de las actas electorales que —insisten— demuestran este triunfo, pese al resultado oficial.
Por su parte, Maduro desestima las actas reunidas por la oposición al considerar que son falsas y ha reiterado que el sistema del CNE sufrió un hackeo, como lo anunció la institución, lo que causó retrasos en la publicación de resultados desagregados, pero no impidió que el mandatario fuera proclamado como reelecto.
El martes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza reportados tras las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio, una afirmación que el gobierno rechazó.
El proclamado triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo ha sido cuestionado por varios gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional.
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