Tras el reciente anuncio de Estados Unidos de reimponer sanciones contra la industria de gas y petróleo de Venezuela, surgen interrogantes sobre la posición del gobierno colombiano frente a la administración de Biden, especialmente considerando la postura adoptada por Gustavo Petro con respecto a Venezuela.
Es importante recordar que esta decisión se produce poco después de que el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, en una conferencia de prensa tras reuniones con autoridades estadounidenses, reiterara que la administración de Petro no respalda el uso de «sanciones unilaterales» contra Venezuela como castigo por las acciones del régimen. Murillo afirmó que están en contra de cualquier tipo de sanciones y que creen en el multilateralismo como una forma de abordar estos problemas.
El argumento utilizado por Estados Unidos para tomar esta decisión es el incumplimiento de Maduro con los acuerdos, especialmente su negativa a permitir la inscripción de la candidatura de María Corina Machado y otros aspirantes para las próximas elecciones presidenciales.
Una de las consecuencias directas de esta medida es el vencimiento de la Licencia General 44, que autorizaba transacciones relacionadas con operaciones en el sector petrolero y gasífero en Venezuela, lo cual afecta los planes del gobierno colombiano de importar gas desde ese país.
En términos de política exterior, esta decisión también podría tener consecuencias. Según Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, esto demuestra que Colombia no pudo ser un factor de cambio en la situación de Venezuela. Piñeros señala que los costos los asume Colombia en cuanto a su capacidad de negociación y mediación con el régimen de Maduro. Además, considera que Colombia debe ser cautelosa al criticar las sanciones, ya que esto podría tener repercusiones en la relación con Estados Unidos.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, sociólogo y director del Laboratorio de Paz de Venezuela, señala que si bien Gustavo Petro ha expresado preocupación por el impacto de las sanciones en el país, también debería preocuparse por la deriva totalitaria del gobierno de Maduro y el camino hacia unas elecciones en las que podría perder el poder. Uzcátegui afirma que la respuesta de Petro puede marcar un precedente en la relación con la administración de Biden y que centrarse únicamente en las sanciones banaliza la gravedad de la crisis venezolana.
En conclusión, las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria de gas y petróleo de Venezuela plantean desafíos para el gobierno colombiano y su relación con la administración de Biden. La postura de Gustavo Petro frente a Venezuela podría tener implicaciones en esta relación, y es importante considerar tanto las sanciones como la situación interna en Venezuela al abordar esta problemática.
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